Representa a víctimas del “terrorismo” y sostiene que el delito de lesa humanidad no debe aplicarse.
Las estrategias de la derecha prodictadura se renuevan, de manera lenta y sigilosa. También los rostros de quienes las llevan adelante. Tal es el caso de Victoria Villarruel, la abogada que preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una asociación civil que, bajo un discurso de pacificación e igualación ante la ley, busca equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con las muertes causadas por la guerrilla argentina de los ’70. Agrupaciones como el Celtyv o como la que lidera Cecilia Pando plantean “una estrategia de erosión del consenso social hacia las reivindicaciones de juicio y castigo a los culpables de las atrocidades cometidas por el régimen cívico-militar” y pretenden instalar una “teoría de los dos demonios aggiornada”, opinó el investigador Germán Ferrari a Miradas al Sur. Villarruel, en cambio, sostiene: “El delito de lesa humanidad no opera en los términos que se aplican en nuestro país, ni para las organizaciones armadas ni para los agentes del Estado”.
Esta semana los miembros del Celtyv tuvieron henchido su orgullo: el diario conservador The Wall Street Journal publicó una nota sobre Villarruel y sobre los ’70 en la Argentina: “Fue una ola de carnicería y destrucción causada por bandas de guerrilleros inspirados por Castro que buscaban tomar el poder aterrorizando al país. Sus acciones provocaron un caos que llevó al golpe militar”, describió la periodista Mary Anastasia O’Grady. Y agregó: “Debido a la deshonrosa caída del gobierno militar, los terroristas y sus simpatizantes han tenido éxito en volver a escribir esta historia, al describir solamente los crímenes de sus enemigos uniformados. Algunas personas que son actuales o ex integrantes del gobierno de Kirchner, otros que son congresistas y otros que trabajan en los medios fueron integrantes bien conocidos de organizaciones subversivas”.
Días después, el artículo fue amplificado por La Nación. El diario de los Mitre suele darle generosos espacios para que la abogada escriba a piacere. Y muchos editoriales insisten con la “pacificación” y la amnistía. Villarruel es autora del libro Los llaman…jóvenes idealistas. El texto tiene un informe basado en un relevamiento de diarios de la época. En ese conteo –que va de 1969 a 1979– Villarruel estableció que “hay más de 13 mil personas con nombre y apellido que han sufrido el ataque de terroristas”. El cálculo no termina allí: sostiene que otras once mil personas sin identificar recibieron agresiones de “tipo colectivo”. Unas 20 mil personas que, “con su núcleo familiar,” Villarruel expande a 80 mil chicos, hombres, mujeres, civiles y uniformados que –según la abogada– “fueron agredidos por miembros de organizaciones terroristas”.
Para el periodista y escritor Germán Ferrari, “el Celtyv, la Afyappa, la Afavita y otras entidades similares tienen como antecedente histórico a Famus (Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión), aquella agrupación surgida durante la última dictadura que batalló contra la democracia naciente en 1983, enfocando sus críticas hacia los juicios contra los partícipes del terrorismo de Estado. Las misas de Famus, con sermones y manifestaciones a favor de la dictadura y la represión, sufridas por Alfonsín en especial durante su primer tramo de gobierno, pueden equipararse con los actos que los nostálgicos del ‘Proceso’ organizan cada 24 de marzo y 5 de octubre.”
Ferrari está convencido de que estos nucleamientos surgidos en los últimos años “plantean una estrategia de erosión del consenso social hacia las reivindicaciones de juicio y castigo a los culpables de las atrocidades cometidas por el régimen cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983”. Por un lado, dice, “enarbolan el discurso de la ‘pacificación’, la ‘concordia’ y la ‘reconciliación’, que tiene como objetivo una amnistía”. Y, por el otro, intentan “instalar una ‘teoría de los dos demonios’ aggiornada”. Esta línea de acción podría sintetizarse así: “Si en la sociedad y en los tres poderes del Estado ya no hay lugar para un ‘perdón’, y los juicios contra el terrorismo de Estado avanzan, entonces que también sean juzgados los ex integrantes de organizaciones guerrilleras”. Ferrari cree que es un intento por extender el concepto de crimen de lesa humanidad. “Este reclamo pregonado en los últimos años, en confrontación con la política estatal sobre derechos humanos, contrasta con la demanda de justicia, verdad y memoria que desde hace más de tres décadas enarbolan los organismos defensores de los derechos humanos”.
¿La tercera es la vencida? Villarruel parecería estar llenando un lugar en el tablero que antes fue ocupado por dos alfiles del activismo procesista: Karina Mujica y Cecilia Pando. Se sabe: Mujica lideraba la agrupación Memoria Completa y era una férrea defensora de represores. Tanto, que había sido novia del marino Alfredo Astiz, el ícono asesino de la Esma. La joven cayó en desgracia cuando un programa de tevé la mostró trabajando en un prostíbulo de Mar del Plata. A partir de eso, Mujica se esfumó. Ella y su militancia. La estrella de Pando, en cambio, comenzó a apagarse luego de que puteó a los jueces de un tribunal y amenazó, desencajada, con degollar al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde (el bueno). Fue en 2008, al finalizar un juicio en Corrientes en el que se condenó a tres militares retirados y un gendarme. El año pasado intentó, con otras mujeres de su agrupación, hacer un acampe en el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa. Duraron poco. Hoy, se muestra cerca de Eduardo Duhalde (el malo). Y muchos de sus ex seguidores le dieron la espalda. Como Villaruel. “El Celtyv no tiene opinión institucional respecto de Afyappa o de Cecilia Pando, porque no forman parte de nuestra área de trabajo”, dijo Villarruel a Miradas al Sur. Y agregó que la agrupación “no reivindica nada del gobierno de facto”.
–¿Por qué habla de “terrorismo” para referirse a las acciones de la guerrilla?
–Cuando la guerrilla abandonó el enfrentamiento directo y exclusivo contra su oponente armado, y violó las convenciones internacionales que regulan los conflictos de baja intensidad para cometer atentados terroristas que agredieron a la población civil, se transformaron en organizaciones terroristas que hicieron de la utilización de coches bombas, secuestros extorsivos, copamientos de poblaciones civiles un método que aterrorizó a la población civil.
–¿Qué opina de los juicios de lesa humanidad?
–El Celtyv entiende, ajustándose a derecho, que el delito de lesa humanidad no opera en los términos que se aplican en nuestro país, ni para las organizaciones armadas ni para los agentes del Estado. Sin embargo, el Gobierno tiene otra posición y lleva adelante esos juicios, con lo cual crea una verdadera discriminación entre víctimas pues a un sector le reconoce todos los derechos y a las víctimas inocentes se los niega. La lesa humanidad fue lo primero que estudiamos, dado que en el mundo el terrorismo es considerado así, pero en Argentina el camino estaba cerrado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Cuando las mismas fueron anuladas y comenzaron los juicios, nuestras víctimas reclamaron ante la flagrante discriminación que se constituyó desde el Estado.
En su libro Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la guerrilla: de la amnistía a la “justicia para todos”, Ferrari retoma un concepto de la politóloga Pilar Calveiro –que fue detenida-desaparecida– para explicar la “simplificación que suelen hacer diversos sectores de la sociedad cuando usan indistintamente los términos ‘terrorismo’ o ‘guerrilla’”. En el texto Acerca de la difícil relación entre violencia y resistencia, Calveiro argumenta: “Los movimientos armados latinoamericanos no fueron terroristas, salvo algún caso verdaderamente excepcional, como parece haber sido el de Sendero Luminoso; resulta importante señalar que guerrilla y terrorismo no son sinónimos, como afirma cierto discurso pretendidamente democrático. El terrorismo se basa en el uso indiscriminado de la violencia sobre la población civil, con el objeto de controlar a un grupo o una sociedad por medio del terror. Las prácticas de las guerrillas latinoamericanas no se caracterizaron por este tipo de accionar, sino por operaciones militares bastante selectivas, dirigidas contra el Estado, principalmente contra fuerzas militares y policíacas. Esta distinción es de primordial importancia en el momento actual, en que se tiende a fundir y confundir cualquier recurso a la violencia con el terrorismo, como forma de descalificación. La asimilación de toda práctica violenta al fenómeno terrorista es una manera de desacreditar en bloque las violencias revolucionarias o resistentes para, al mismo tiempo, convalidar las estatales –siempre más poderosas y letales– como ‘necesarias’”.
El Celtyv –como otras agrupaciones prodictadura– suelen echar mano al Estatuto de Roma para pedir que los crímenes de las organizaciones armadas sean considerados de lesa humanidad, como los perpetrados por el terrorismo de Estado. Quien dio el primer paso en ese sentido es el vicepresidente del Celtyv, Arturo Larrabure. Es uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP y muerto al año siguiente en circunstancias aún no esclarecidas por la Justicia. El expediente sobre la muerte del militar se reabrió en 2007 y fue –como antes lo había sido Aramburu– el caballito de batalla para instalar la idea de que las muertes causadas por la guerrilla son imprescriptibles.
El jurista argentino Juan Méndez es el actual relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. En una entrevista para la revista Nómada fulminó esa hipótesis. Señaló: “El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional no hace distinción entre agentes estatales y no estatales, y de hecho los imputados por la CPI pertenecen a ambas categorías. Es difícil encontrar una base fáctica en el caso argentino, por dos razones. En primer lugar, porque los delitos atribuidos a los alzados en armas en Argentina no incluyen ataques a la población civil, ni la tortura del enemigo rendido. En segundo lugar, porque aun en los hechos que podrían ocupar una zona gris –como la toma de rehenes o la eliminación de un rehén en estado de indefensión– el Estado argentino ha tenido más de treinta años para procesar y castigar a los responsables, y durante todo ese tiempo no hubo amnistías ni indultos generalizados que lo impidieran. El Estado represor no tuvo interés en juzgar y castigar sino en eliminar físicamente al adversario, y además de maneras terriblemente crueles. Es por eso que ahora la justicia no tiene elementos para perseguir penalmente aquellos delitos cometidos por los alzados en armas, no porque haya respecto de ellos una doble vara que los distinga de los crímenes del terrorismo de Estado.”
Méndez también opinó sobre los habituales llamados a la pacificación, a la reconciliación y a la concordia que suelen reclamar estos grupos. Para el funcionario de la ONU, “es posible pero ilegítimo e inmoral hablar de reconciliación entre víctimas y victimarios, entre torturadores y torturados, entre asesinos y los familiares de los asesinados”. Y agregó: “En América latina hemos cometido el error de dejar que los enemigos de la justicia se apropien del término ‘reconciliación’ y lo usen para sus fines. Pero el Estado no puede, a través de las políticas públicas, decretar el perdón ni obligar a las víctimas a perdonar”.
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