Puerto Rico: Implosión en el Noroeste del Caribe

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Por Jesús Dávila

SAN JUAN, Puerto Rico (NCM) – Los más de cuatrocientos implicados en una sola pesquisa sobre corrupción en la elite económica y política pro Estados Unidos, así como la declaración de un testigo que alega participó en una subasta a precios de remate de propiedades de la universidad pública son señales de fuerzas que obstaculizan los intentos de Puerto Rico por llegar a cualquier horizonte. Se trata, sin embargo, de hechos ocurridos lejos del ojo público en tanto que Washington y Roma mueven con cautela sus fichas, mientras siguen los intentos de convocatorias rebeldes, el crimen callejero ya ha dejado cerca de 600 muertos este año y se muestra imparable el proceso de implosión social de lo que una vez fue un exitoso experimento colonial en la estratégica frontera norte de América Latina.

407 CORRUPTOS EN LISTAS: De acuerdo con la información obtenida por NCM Noticias de fuentes documentadas del Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de EEUU, las 477 páginas de documentos filtrados de una pesquisa criminal contienen los nombres de por lo menos 407 personas. La gran mayoría, de acuerdo a las fuentes, fueron señaladas por su relación directa con actos de corrupción gubernamental y entre ellos hay empresarios de diversas ramas, incluidos varios medios de comunicación y algunos periodistas, así como buena parte de la institucionalidad política, desde alcaldías hasta el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.

Resalta que entre los pocos periódicos que no se mencionan está el semanario rebelde Claridad y que el único independentista conocido nombrado fue para señalar que alguien lo alertó sobre una transacción y no que estuviese implicado, siempre de acuerdo con las fuentes.

Como se trata de una investigación activa, no se pueden publicar nombres ni circunstancias específicas, pero las fuentes indican que la información recibida por el FBI y el ministerio fiscal cubre desde actos de sobornos, presiones indebidas y otros actos de corrupción pública, hasta perversiones sexuales, vicios y adicciones a drogas de algunos de los involucrados. Ya es de conocimiento oficialmente público –aunque no generalizado por la sordina mediática- que leyes como la del control de acceso a los vecindarios y de códigos privados de conducta en centros comerciales fueron tramitadas mediante el pago de sobornos y las fuentes consignan que hay otros proyectos que se gestionaron de igual manera.

Entretanto, un testigo que pidió no se le identificara, relató a NCM Noticias que entre 2001 y 2002 participó en una subasta de la Universidad de Puerto Rico en la que se ofrecieron al mejor postor, con precios de hasta un quinto de su valor de mercado, catorce o quince casas y fincas. El testigo dijo que por lo menos cuatro de las casas estaban ubicadas en diversos vecindarios del área metropolitana de San Juan y el resto en otros puntos del país, además de que indicó tener información específica sobre otras subastas realizadas por la UPR para rematar caudales.

OCULTACION INMOBILIARIA: De igual forma, el testigo aseguró que por lo menos en un poblado del sureste, el gobierno municipal participó en el saqueo de bienes de la UPR al ocupar y destruir una propiedad que por ley correspondía al sistema universitario público en virtud de que se trataba de un caso en que no había herederos. Las declaraciones se suman a la ocultación inmobiliaria por más de mil millones de dólares de la UPR y la negativa de esa institución a hacer públicos sus inventarios, lo que ha motivado que una coalición de la comunidad universitaria haya acudido con un recurso de mandamus al tribunal.

Los estudiantes insumisos han logrado mantener en su coalición a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes y el Sindicato de trabajadores de mantenimiento, así como padres de estudiantes, quienes desarrollaron una táctica de sorpresa con la que lograron emplazar en un solo día a todos los funcionarios demandados.

La jefatura universitaria, por su parte, ha continuado su estrategia de repudiar públicamente una sola transacción inmueble –la cuestionable permuta de una finca en Gurabo- lo que ha permitido que grupos y líderes se concentren en esa lucha promovida en la prensa y dejen de lado el tema del descuartizamiento del tesoro de la UPR, que se supone es base material de la educación universitaria en el contexto del quinto derecho civil reconocido por la Constitución.

En la calle, las protestas y quejas no paran. Entre las más recientes son la de la barriada La Perla, a orillas de la muralla del Viejo San Juan, donde una redada anti narcóticos fue seguida por acciones del Estado para dejar sin agua y luz, so color de combatir el hurto de esos suministros. Los vecinos alegan que se trata de una estrategia para desalojarlos y entregar las tierras a desarrolladores privados, por lo que han convocado a manifestaciones y protestas públicas, a las que se suman las de la asociación de empleados del Estado, que denuncian que el Gobierno de turno pretende tomar el control de la institución para disponer de sus haberes.

DESTITUCION POLICIAL; La destitución del jefe de la Policía nacional y su sustitución por un general retirado del Ejército de EEUU ha sido una respuesta del Gobierno ante tanto descalabro, mientras el Vaticano envió de regreso a Puerto Rico al obispo Alvaro Corrada del Río, que hace años promovió un diálogo de reconciliación nacional. Ambos designados tienen en su pasado la lucha por la isla de Vieques, aunque en bandos opuestos.

Para lo que sea que va a pasar, el tiempo regresivo se sigue marcando con escenas cotidianas patéticas. Tal fue el caso en un restaurante popular del municipio de Guaynabo, donde la explosión de un transformador eléctrico que asemejaba una detonación de escopeta fue seguida por una niña que se soltó de sus padres y corrió despavorida hacia la calle. Los padres y familiares corrieron tras la niña para salvarla de los automóviles.

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