Por C. MARIO MARQUEZ / AFP
SAN SALVADOR: El gobierno salvadoreño inició el camino para proscribir a las pandillas que el domingo subieron un peldaño más en su escalada de violencia matando en dos atentados contra microbuses del transporte colectivo a 18 personas.
Preocupado ante la más cruel expresión de las pandillas o maras, el presidente Mauricio Funes, luego de afirmar que «la violencia se combate con represión», ordenó al ministerio de Seguridad y Justicia elaborar un proyecto de ley para criminalizar la pertenencia a estos grupos.
Funes, que había abanderado un tolerante esquema preventivo para evitar el crecimiento de las pandillas integradas por unos 20,000 miembros, cree que la ley de criminalización que permitirá «considerar como delincuentes'» a los mareros se debe encuadrar en la Constitución'».
«Este gobierno del cambio no se pondrá de rodillas ante los criminales, ante los desestabilizadores y ante sus sicarios», advirtió al socaire de los atentados del domingo, en que perecieron 18 personas, 15 de ellas carbonizadas en un bus incendiado por los mareros que disparaban contra aquellos que intentaban salir huyendo de las llamas.
De acuerdo con la nueva ley que se configura, según el mandatario, la mera pertenencia a estos grupos que han devenido en estructuras de crimen y violencia será considerada un delito.
En los últimos días, dirigentes políticos y empresarios sorprendidos por el horrendo crimen del transporte han propuesto la pena de muerte para los pandilleros.
«Lo menos que puedo pedir es la pena de muerte para los involucrados en estos horrendos crímenes», declaró el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (FECOATRANS), Catalino Miranda.
A pesar de que en el ambiente de indignación que prevalece hay consenso para que se castigue con más severidad a las pandillas, Funes deberá esperar el debate en la Asamblea Legislativa y luego la conducta de los jueces en la aplicación.
En 2003 una ley antimaras que aprobó el Congreso a propuesta del entonces presidente Francisco Flores, fue declarada «inconstitucional» por la Corte Suprema de Justicia. El problema mayor que enfrentarán los jueces será a la hora de individualizar los delitos que cometen los mareros.
Tomado de El Nuevo Herald
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