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Por Aldo Ferrer
Medidas recientes, referidas a la regulación de las importaciones de algunos alimentos, han dado lugar a voces de alarma sobre las eventuales graves consecuencias que éstas provocarían sobre el comercio internacional del país, incluyendo represalias de los gobiernos de los países supuestamente afectados.
Uno de ellos, Brasil, a través de funcionarios competentes, ha descartado esa posibilidad. En realidad, esas medidas cuya existencia, naturaleza y alcances, parecen aun indeterminados, constituirían, en el peor de los casos, motivo de diferendos comerciales entre países. De los mismos, se tramitan permanentemente muchos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, sin que se interrumpan los vínculos entre las partes involucradas. Por lo tanto, la alarma parece ser infundada y, probablemente, obedece a una cierta visión, según la cual la Argentina es un segmento del mercado mundial, incapaz de defender su mercado interno o formular un proyecto nacional de desarrollo, dado lo cual cualquier iniciativa en ese sentido desataría una ola de represalias y su aislamiento del orden mundial. Es una situación semejante a la que se planteaba en la esfera financiera, cuando se afirmaba que no cumplir con las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional provocaría una avalancha de calamidades. Las calamidades se produjeron, en efecto, por sostener la política neoliberal y la recuperación se produjo, por hacer, precisamente, todo lo contrario.
En consecuencia, la cuestión debe ponerse en perspectiva y observar, en primer lugar, que los montos involucrados son ínfimos en relación con el total del comercio exterior argentino. Esto no implica, prima facie, que las medidas comentadas sean razonables o se justifiquen, como instrumento de defensa del mercado interno, en el marco de una política industrial. Porque de lo que se trata es, precisamente, de la política industrial. En tal sentido, conviene utilizar a pleno las medidas de defensa de la competencia y las salvaguardias frente a maniobras como el dumping, que afectan a la producción nacional.
De todos modos, los ejes principales de una política de desarrollo manufacturero incluyen otras decisiones fundamentales, que pueden clasificarse en dos categorías. Por una parte, las políticas “horizontales”, que incluyen las que determinan el encuadre macroeconómico dentro del cual se desenvuelve la industria y el conjunto de la economía. Por la otra, las políticas “sectoriales”, directamente orientadas al fomento industrial.
Políticas horizontales. La existencia de una situación ordenada bajo control, capaz de resistir las turbulencias externas, es esencial para incentivar la inversión y el empleo, profundizar el cambio tecnológico y proyectar la producción hacia los mercados interno e internacional. Las políticas horizontales incluyen la solvencia fiscal y el tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED). Sobre la primera, conviene recordar que, una vez iniciada la recuperación de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversiones y exportaciones), no se justifica insistir en la inyección de demanda supletoria vía gasto público.
La solvencia fiscal y la calidad del gasto recuperan así su papel fundamental en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo. Es preciso acomodar el crecimiento del gasto público al de la recaudación, lo cual permitiría recuperar, a breve plazo, el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos lleva inevitablemente al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, consecuentemente, a la pérdida de soberanía. El desequilibrio fiscal y el aumento de la deuda no contribuyen a crear el escenario adecuado para el desarrollo de la industria y del conjunto de la economía.
La competitividad de la producción de bienes transables, industriales y primarios, sujetos a la competencia internacional, es un fundamento esencial de la política industrial y de desarrollo. La política cambiaria necesaria para la competitividad debe asimilar los shocks externos y de otras variables para introducir criterios de equidad, sobre los cuales fundar la solidaridad y convergencia de los intereses de todo el campo, toda la industria y todas las regiones.
Para tales fines, debe operar con TCED. Tal política cambiaria permite: 1) privilegiar el compre nacional en las decisiones de gastos de consumo e inversión de las empresas, las familias y el Gobierno; 2) estimular la diversificación de las exportaciones incorporando bienes y servicios de creciente contenido tecnológico y valor agregado y, por lo tanto, impulsando la gestión del conocimiento y la transformación de la estructura productiva; 3) lograr que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno sea el propio país, y 4) desalentar los movimientos de capitales especulativos creando incertidumbre en los especuladores y previsibilidad en los tomadores de decisión de inversión productiva. El TCED contribuye al crecimiento del comercio exterior y a generar un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, con el consecuente aumento de reservas del Banco Central.
La determinación del TCED es uno de los pilares de las políticas “horizontales” y, al mismo tiempo, plantea uno de los dilemas centrales que tiene que resolver la política económica, a saber, cómo sostener un TCED en un escenario macroeconómico bajo control que requiere la estabilidad razonable de precios. Con todas las complejidades adicionales que esto implica atendiendo, como señaló Marcelo Diamand, a los desequilibrios de la estructura productiva del país. Esto impone la necesidad de establecer TCED adecuados, diferenciados, para la competitividad y rentabilidad de las diversas actividades económicas sujetas a la competencia internacional. Es en este marco de referencia dentro del cual deben resolverse cuestiones tan polémicas como las retenciones.
La solvencia fiscal y el TCED contribuyen a conformar la política “horizontal” de estabilidad de precios, la cual es esencial para fortalecer las expectativas y estimular las decisiones de inversión, creación de empleo y cambio tecnológico. Como hemos visto en notas anteriores, la actual evolución de los precios corresponde a un caso de inflación inercial que no se evita con ajuste ni enfriando la economía. Por esta vía lo que se logra es frenar el crecimiento y desalentar el crecimiento de la industria y del conjunto de la economía. Pero tampoco se resuelve desatendiendo el problema precios o suponiendo que los aumentos provienen, esencialmente, de maniobras abusivas de formadores de precios en sectores concentrados que, cuando existen, deben ser reprimidas por el Estado. Para frenar el aumento de precios, no es preciso “enfriar” ni “ajustar” la economía, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos.
Crecer con equidad y una estabilidad razonable de precios está al alcance de los medios del país. Lograrlo o no depende de tomar nota del potencial de desarrollo de la nueva economía argentina una vez que se ha liberado, a menos de insistir en las decisiones del pasado, de las restricciones fiscal, externa e institucional.
Políticas sectoriales. Son aquellas directamente focalizadas al fomento industrial. Incluyen herramientas poderosas como el régimen de “compre nacional”, instalado como una normativa coherente por la ley 18.875, promovida durante mi gestión en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en 1970. Incluyen también las decisiones de apoyo a la investigación y desarrollo, a las empresas innovadoras y a la profundización de los vínculos entre el sistema nacional de ciencia y tecnología y la producción.
En este terreno, se han producido avances importantes en el transcurso de esta década con iniciativas como, entre otras, la creación de un ministerio del área científica y tecnológica y el nuevo impulso a la energía nuclear. La identificación y apoyo de actividades estratégicas como la biotecnología, microelectrónica y tecnologías de la información, como sucedió en los países emergentes más exitosos de Asia, son otros ejemplos de las políticas sectoriales. Como lo son, asimismo, los incentivos tributarios y las líneas especiales de crédito para el financiamiento de nuevas inversiones y ampliación de capacidad instalada y el financiamiento de exportaciones, particularmente de bienes de capital.
Otro componente principal de esta categoría de políticas industriales es el tratamiento de la inversión extranjera, la cual, como en la experiencia de los países más exitosos de Asia, debe atraer inversiones privadas directas complementarias no sustitutivas de la empresa nacional estableciendo incluso entre ambas alianzas virtuosas que preserven el liderazgo nacional, privado y público, del desarrollo industrial, particularmente en las actividades manufactureras en la frontera tecnológica.
La política industrial exitosa requiere integrar sus decisiones, horizontales y sectoriales, en una estrategia coherente de desarrollo. En efecto: de nada valdría adoptar una medida de protección del mercado interno para ciertas manufacturas si, al mismo tiempo, prevalecen situaciones incompatibles con el desarrollo industrial, como, por ejemplo: i) tipos de cambio sobrevaluados que debilitan la competitividad; ii) un escenario macroeconómico desordenado, que desalienta la inversión y la generación de empleo, y iii) posición dominante de filiales de corporaciones transnacionales sobre las principales ramas de la industria, en particular las de mayor contenido tecnológico.
Además, la política industrial debe mantener permanencia en el tiempo, porque la formación de capital y tecnología y la maduración del sistema manufacturero es un proceso acumulativo de largo plazo. La causa principal del todavía prevaleciente subdesarrollo industrial del país radica en las repetidas interrupciones del proceso de acumulación como sucedió con el golpe de Estado de 1976 y la convertibilidad en los ’90.
En resumen, volviendo al tema planteado al principio, esto no constituye una cuestión principal en ningún sentido. No amenaza con provocar represalias contra nuestro país ni constituye una contribución mayor a la política de desarrollo industrial. Ésta depende de decisiones más amplias y complejas, como acabo de recordar en las consideraciones precedentes.
* Director editorial de Buenos Aires Económico
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