El Gobierno decidió querellar a los asambleístas de Gualeguaychú y los titulares al día siguiente fueron: “El Gobierno desoyó la orden del juez”. “El Gobierno ahora les hace juicio a los asambleístas.” Uno fue de La Nación. El otro de Clarín. Este fenómeno de la naturaleza se llama péguele al muñeco por lo que sea, porque desoyó, o porque cambió, pero péguele. En el último caso tiene cierta elegancia: lo critica porque antes apoyó a los asambleístas y también porque ahora no los quiere reprimir. Lo de no reprimir, como enojo y reproche, está explícito en los dos enfoques como una señora gorda con los brazos en jarra y mirada furibunda. Y dale con lo de no reprimir. Dicho más finamente, con cara de técnico demócrata civilista: “El Gobierno desiste de su derecho de aplicar el monopolio de la fuerza pública”. Toda la civilización occidental y cristiana reposa sobre los hombros de la señora gorda y la jerga del abogado.
Y los asambleístas, ofendidos hasta el caracú, despotrican a su vez por lo que consideran “una traición que era de esperar” por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Lo explican en los mismos medios que critican al Gobierno porque no los quiere reprimir a ellos. Hasta el locutor de TN en este punto hace alarde de independencia informativa, les abre el micrófono y después larga unas parrafadas vibrantes y épicas sobre la lucha de los vecinos de esa localidad entrerriana. Volvemos a la redacción y hay un flaco muy serio explicando que la orden del juez era abrir el paso con Uruguay y no hacerles juicio a los pobres vecinos. Como si fuera mejor para ellos que les dieran un palo en la cabeza.
No es una novela del Gordo Soriano, pero podría serlo, básicamente porque todo parece un despropósito, o sea, algo que va en detrimento de lo que se propone. Por lo menos, de lo que dice proponerse. Porque si se rasca la superficie pueden aparecer los propósitos verdaderos, que en muchos casos es obtener un rédito desgastando al oficialismo, forzándolo a una represión que puede tener un alto costo político, o haciéndolo aparecer como un gobierno débil o inoperante.
Y en el caso de los asambleístas, el mantenimiento del corte del puente con Fray Bentos como si fuera un fin en sí mismo, y no un medio, está logrando alejar a sectores de la opinión pública que han apoyado sus reclamos desde el principio. El corte eterno es un contrasentido ya sea como fin o como un medio de lucha. Lo que es eterna es la defensa del medioambiente como meta. Esa es una lucha permanente que debe ajustar sus tácticas a las condiciones objetivas y las relaciones de fuerza de cada momento. En estos días, el corte ya aleja a la gente. La mayoría de los que antes miraban con simpatía, ahora hasta ponen en duda los planteos de los vecinos de Gualeguaychú. A esta altura el corte va contra la defensa del medioambiente y para lo único que funciona –mal que le pese a la voluntad sincera de muchos de sus protagonistas– es como herramienta política para dañar a los gobiernos de Argentina y Uruguay. En un conflicto salarial, por despido o por lo que sea, puede haber una huelga o la toma de una fábrica. Pero una huelga eterna es lo mismo que aceptar el despido sin indemnización. Es el colmo del huelguista, por no usar otro concepto más gráfico pero vulgar.
En un conflicto suelen aparecer estos enfoques que por lo general son minoritarios o a veces, incluso, fruto de la desesperación, que no es la mejor consejera porque, como tal, solamente lleva a caminos sin salida, sin esperanza. En el caso de Gualeguaychú lo más previsible era que el fallo del Tribunal de La Haya no aceptara la relocalización de la pastera, por lo que los asambleístas tendrían que haber tomado medidas en función de esa perspectiva. No lo hicieron, cerraron los ojos al desarrollo de la situación, se empeñaron en un voluntarismo que con todo motivo se puede acusar de malicioso porque jugaron todo el conflicto a una sola situación que les era totalmente desfavorable. Con esa imprevisión, luego reafirmada en una asamblea que solamente expresó indignación por el fallo y no reflexión para el futuro, los vecinos de Gualeguaychú, por dejarse llevar por la bronca, complicaron su rol en el conflicto.
Es evidente que en el tema de la pastera hay un diferendo entre Argentina y Uruguay, aun cuando en este momento ambos gobiernos tengan sintonía política. Sobre ese punto, los intereses no son los mismos. El fallo de La Haya así lo expresa, aceptando argumentos de uno y otro lado. Y hasta los dos gobiernos lo reconocen. El conflicto no es un invento de los asambleístas de Gualeguaychú y sus reclamos son legítimos. Frente a los hechos, los dos gobiernos tenían algunos caminos posibles: obstruir todas las relaciones diplomáticas y comerciales, declararse la guerra, ponerse de acuerdo en forma directa o acudir a La Haya, un tercero fuera de la disputa. El gobierno de Tabaré optó por la primera opción y en consecuencia sacó a los uruguayos del proceso de integración regional. Es más, convirtió al Uruguay en un obstáculo para ese proceso. El gobierno argentino evitó ese camino y tampoco le declaró la guerra. Si los asambleístas estaban por alguna de esas dos opciones tendrían que haberlo dicho. No lo dijeron. Por el contrario, impulsaron que se planteara el diferendo ante La Haya.
Es contradictorio y resta legitimidad a sus reclamos que ahora, porque el fallo no fue absolutamente favorable a la Argentina, exijan al Gobierno que retome alguna de las alternativas más duras. A esta altura, el congelamiento de las relaciones entre los dos países es absurdo para Uruguay como para Argentina, independientemente de quienes los gobiernen.
Era evidente que las diferencias no terminarían con el dictamen de La Haya y que, cualquiera fuera su contenido, iba a implicar un cambio en el desarrollo de esa puja. De hecho, la consecuencia más probable era que el dictamen reconociera puntos a favor de Argentina y concediera otros a Uruguay y que además creara condiciones para el comienzo de negociaciones en forma directa. Todo eso estaba incluido en la decisión de recurrir a La Haya. Pensarlo de otra manera, más que a ingenuo tiende a irresponsable. El que cambió de posición no fue el Gobierno, sino los asambleístas que primero aceptaron determinadas reglas de juego y luego las rompieron.
En Gualeguaychú se están jugando temas que afectan a todos los argentinos, tanto en relación con la defensa del medioambiente, como en la relación con un país más que vecino, al que Argentina está unida por miles de razones históricas y afectivas además de las geográficas y económicas. La marcha que se hizo en el puente poco después del fallo de La Haya fue una demostración de que existe consenso suficiente para mantener el alerta sobre la posible contaminación del río, pero no alcanza para poner al país en contravención de leyes internacionales ni para indisponerlo con el vecino entrañable. Para eso se necesitaría muchísimo más.
Con la decisión de eternizar el corte del puente, los asambleístas rompieron reglas de juego que ellos mismos habían elegido y así deslegitimaron su lucha y optaron por el aislamiento. Todo esto se discute entre los vecinos del pueblo, donde el planteo más duro ya no tiene adhesión unánime.
Cuando una medida de fuerza pierde relación lógica con la reivindicación por la que fue adoptada, comienza a convertirse nada más que en una actitud de políticas partidarias entre oficialismo y oposición. Con la desgracia (o no) para los asambleístas de que cualquier alianza que hagan sobre esa dicotomía sería caer de la sartén al fuego. En público, la oposición es más dura contra el corte que el gobierno al que presiona para que los reprima. El debate político, como expresión de una decisión equivocada, ya no es quién los apoya, sino quién es el más duro para sacarlos.
La eternización del corte implica profundizar ese camino entre oposición y oficialismo, aún más determinado por las presiones de sectores menemistas, de otros partidos o de dirigentes rurales que participan en la asamblea, que hasta ahora operaban más disimuladamente. Si el corte permanece, perderá protagonismo en la lucha por el control de la contaminación y languidecerá.
Página12
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