Los crímenes en la base del Plan Cóndor

Pagina 12

El general retirado Eduardo Cabanillas, el coronel retirado Rubén Visuara y los ex agentes de la SIDE Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz están acusados de imposición de tormentos y homicidios en 65 casos.



Por Nicolás Lantos

Los acusados por la represión ilegal en Automotores Orletti tendrán que presenciar todas las audiencias.


Rubén Visuara llegó a la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py con una bufanda que le cubría la cara, como si de esa forma pudiese evitar los flashes que lo retrataban sentado en el banquillo de los acusados. Visuara es uno de los cinco represores que comenzaron a ser juzgados ayer por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, el destino de los detenidos-desaparecidos del Plan Cóndor. Junto a él estaban su antecesor como titular de la División de Operaciones Tácticas de la SIDE, Eduardo Cabanillas; y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Todos ellos están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado contra 65 víctimas de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Se leyó el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Federico Delgado, en el que sostiene que Orletti no estaba conducido por “una horda desbocada”, sino que se trató de un “enclave del terror” donde todo estaba “calculado y planificado”. Rodolfo Yanzón, abogado querellante, en diálogo con Página/12, dijo tener “buenas expectativas” de que los imputados reciban “penas ejemplares” y aseguró que “para antes de fin de año” debería haber un veredicto.

En Orletti, ubicado en el barrio de Floresta, estuvieron detenidos, entre otros, Marcelo Gelman, hijo del escritor Juan Gelman; Carlos Santucho, hermano del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Mario Santucho, y los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi. En su requerimiento, el fiscal Delgado aseveró que se trataba de un “enclave del terror” que no era conducido por “una horda desbocada”, sino “algo calculado y planificado que convertía a todos en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites”. Al igual que el juez federal Daniel Rafecas en su momento, cuando condujo la investigación del caso, Delgado comparó este centro clandestino con los campos de concentración del nazismo.


Los cinco imputados llegaron a la sala del subsuelo de Comodoro Py poco después de las diez de la mañana, el horario anunciado para el comienzo del juicio, que se retrasó cerca de una hora. Con dos cuartos intermedios, la lectura del requerimiento se estiró hasta bien entrada la tarde. Además del coronel retirado Visuara y el general retirado Cabanillas y los agentes civiles de inteligencia Guglielminetti, Ruffo y Martínez Ruiz, había un sexto imputado en la causa, el vicecomodoro Néstor Guillamondegui, pero “fue declarado inhábil para afrontar el juicio”, tal como determinaron los peritos oficiales. De todas formas, la Justicia decidió que se le realicen “exámenes periódicos” para determinar cuándo será capaz de ser juzgado.

La bufanda no fue el único recurso que intentó Visuara para evitar los flashes molestos. Antes de la lectura del dictamen de Delgado, su defensor pidió permiso al tribunal para que el represor no esté presente en aquellas audiencias en las que no sea imprescindible. Los otros cuatro acusados adhirieron a la solicitud, que el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Jorge Gettas, aceptó estudiar y resolver “oportunamente”. De todas formas, les recordó que es obligatorio que los acusados estén presentes en las lecturas del requerimiento, la acusación, las indagatorias, alegatos y el veredicto, por lo que el juicio continuó sin más interrupciones y con los cinco represores escuchando un repaso por su labor en Automotores Orletti, a medida que se desplegaba el requerimiento del fiscal. El TOF 1, integrado por los jueces Gettas, Adrián Grunberg y Oscar Almirante, prevé escuchar más de cien testimonios no sólo de sobrevivientes argentinos, sino también provenientes de países limítrofes, ya que por ese centro clandestino pasaron los detenidos en el marco del Plan Cóndor, de coordinación de fuerzas represivas de toda la región.


“Tenemos buenas expectativas. Es un tribunal serio, con jueces capacitados para llevar adelante un juicio de estas características –confió Rodolfo Yanzón–. Contamos con un fiscal que también es una garantía. Los cinco sometidos a este juicio van a recibir altas condenas.” De todas formas, Yanzón aclaró que “tenemos un juicio por 65 víctimas cuando sabemos que por Orletti pasaron cientos, y con cinco imputados cuando los criminales fueron muchos más”. Hecha esta salvedad, se manifestó “muy optimista” y asegura que “antes de fin de año” debería conocerse el veredicto.


El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que estuvo presente en el comienzo del juicio –aunque se retiró pronto–, consideró que el inicio de este proceso, junto al que investiga la Masacre de Margarita Belén (ver aparte), representan “otro paso gigantesco en la búsqueda de la Verdad y la Justicia” que volvió a tomar impulso con “la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. El funcionario hizo un repaso sobre la situación de los casos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y recordó que “mil doscientos militares ya fueron imputados, más de un centenar ya fueron juzgados y condenados y quinientos centros clandestinos de detención fueron reconocidos, en tanto ahora se avanza también en el juzgamiento de cómplices civiles” de la represión. “La reapertura de los juicios a los genocidas de la última dictadura volvió a convertir a la Argentina en un modelo mundial en materia de derechos humanos”, concluyó.