La agresión sufrida por Apablaza y una carta intimidatoria a su abogado desnudan la nueva estrategia de los apologistas de la última dictadura.
El incidente ocurrió durante la tarde del martes 7 de octubre en un micro de La Lujanera que iba hacia la localidad bonaerense de Moreno. En el vehículo ya no cabía un alfiler. El primer asiento estaba ocupado por un suboficial de la Policía Federal que conversaba animadamente con el chofer. Hasta que, de pronto, se llamó a silencio, mientras clavaba los ojos sobre uno de los pasajeros. Se trataba de un hombre alto, ya mayor, de bigote y cabello renegrido. El policía, sin quitarle la mirada de encima, saltó de su asiento, al grito de “¡Asesino!”. El aludido no atinó a pronunciar palabra alguna; el resto de los presentes, tampoco. En tanto, el uniformado seguía vomitando agravios que parecían salidos de un manual de contrainsurgencia, antes de pasar a una suerte de interrogatorio in situ: “¿Quién te banca, terrorista hijo de puta?”. El aludido, entonces, sólo musitó: “Me banca la Justicia”. Esas cuatro palabras enardecieron aún más al servidor del orden, quien ahora dirigiéndose a los pasajeros, vociferó: “¡Este tipo pone bombas, igual que los de la ETA!”. Ya a la altura de la autopista y la ruta 23, descendió del micro. Y desenfundando la reglamentaria, terminaría su acting con la siguiente frase: “¡A vos te arreglo con ésta!”. En ese instante, al hombre agredido le bajó desde la sien una gota de sudor.
Éste no era otro que el ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra, requerido por la Justicia trasandina por dos operaciones armadas –la ejecución de un ideólogo del golpe militar de 1973, el senador Jaime Guzmán, y el secuestro de uno de los dueños del diario El Mercurio, Cristián Edwards– cometidas en 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Fpmr). En esa época ya gobernaba Patricio Aylwin, pero el general Augusto Pinochet aún detentaba la jefatura del Ejército y gran parte de su poder. Ya se sabe que el asunto concluyó cuando el juez federal Claudio Bonadío dio por extinguido el proceso de extradición contra Apablaza, después de que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), un organismo interministerial con atribuciones vinculantes, le concediera status de asilado. Como ya se vio, esa circunstancia no causaría gran beneplácito en el suboficial que amenazó al antiguo militante antipinochetista. Pero la suya no sería la única amenaza proferida en el marco de esta historia.
En la tarde del 11 de octubre, el abogado Rodolfo Yanzón, quien tuvo a su cargo la defensa de Apablaza, recibió en su correo electrónico un mensaje por demás intimidante, en cuyos párrafos sobresalientes su hacedor señala: “Tus deseos, expresados ayer en Perfil, de que ‘el pueblo chileno se sacuda la legislación antiterrorista’ no hace más que situarte en la veredita adonde estás para hacerte unos pesitos: el terrorismo criminal y cobarde. Y como sos sólo defensor de terroristas, porque parece que no te dieron los huevitos para, en los ’70, agarrar un fierro, te voy a recordar cómo llamó a tus defendidos el general Juan Perón, en democracia (Enero de 1974): ‘Reducido número de sicópatas a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República’. Enterate, gil (…). Y todavía no pagaron sus crímenes. Se van por el agujero del inodoro, Yanzón. Tratá de agarrarte de algún tereso kirchnerista para por lo menos poder ir a Venezuela, si las cosas se complican en 2011. Salud Yanzón”.
Semejante misiva lleva la rúbrica de un tal José D’angelo Rodríguez, quien además adjuntó el número 12.258.460, correspondiente a su DNI.
Si bien es plausible suponer que la agresión sufrida por Apablaza no fue fruto de la indignación espontánea de un simple uniformado, hay que destacar que el mensaje recibido por Yanzón tampoco fue redactado por un ciudadano común. Tal como informó Miradas al Sur en su edición del 10 de octubre, todo indica la existencia de una estructura clandestina integrada por sectores afines a la última dictadura, entre cuyas tareas se contabilizan intimidaciones a testigos de juicios por delitos de lesa humanidad, el desvío de pruebas y operaciones psicológicas de diversa envergadura, además de brindar financiamiento y cobijo a los represores prófugos de la Justicia. En semejante contexto se inscribe la violenta agitación desplegada en torno de la decisión del Estado argentino de otorgar asilo a Apablaza. Y, en ello, el hombre apellidado D’angelo Rodríguez no es una pieza menor.
Rostro con betún. La voz irradiada desde los estudios de Radiocadena Eco no dudó en dedicar al entrevistado las siguientes palabras:
–Lo queremos felicitar por su labor patriótica.
–Gracias –dijo la otra voz.
Pertenecía, justamente, a D’angelo Rodríguez.
El conductor del programa arremetió, entonces, con un nuevo elogio:
–En estos tiempos tan difíciles, donde impera la mentira y el autoritarismo, el abnegado accionar de personas como usted se transforma en el meridiano a seguir para los argentinos de bien.
El conductor pronunció esa frase con una exaltación algo forzada. Era nada menos que el dirigente nazi Alejandro Biondini.
Dicho diálogo fue irradiado por el eter hace ya dos años; días después, el 6 de octubre de 2008, Biondini fue especialmente invitado por D’angelo Rodríguez al acto que la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa), organizó en Plaza San Martín para homenajear a los militares muertos durante el ataque de Montoneros a un cuartel de Formosa, en 1975. Lo cierto es que el führer criollo, quien acudió allí junto a un puñado de cabezas rapadas, se exhibió en el palco, parado entre Cecilia Pando y D’angelo Rodríguez. No menos cierto es que éste es el lugarteniente más dilecto de la señora esposa del ex mayor Rafael Mercado.
Dicen que, desde niño, este sujeto de cabellera cebosa y bigote cano sintió el llamado de las armas. Tanto es así que integró la promoción 111 del Ejército. Dicho dato significa que egresó del Colegio Militar en 1975, aunque nada se sabe sobre las tareas que desarrolló este oficial de Infantería durante la llamada “lucha antisubversiva”. En parte, porque su incontinencia verbal suele frenarse en este punto. En cambio, llama la atención que en su vida de soldado sólo haya alcanzado el módico rango de teniente primero, antes de ser condenado y, luego, indultado por su participación como carapintada en los levantamientos de 1987 liderados por el ex coronel Aldo Rico. A partir de entonces, se convirtió en una suerte de provocador profesional. Tal es así que suele desparramar amenazas por doquier, tanto en programas marginales de radio y cable como en actos públicos y –como ya se vio– también a través del correo electrónico. Reclutado oportunamente por el ex teniente coronel Héctor Schwab para integrar las huestes de la señora Pando, acostumbra desde entonces a protagonizar trifulcas con periodistas y simples peatones, durante las actividades callejeras de la Afyappa. Actualmente es uno de los responsables editoriales de las revistas B1, Vitamina para la memoria de los ’70 y Madriz, dos publicaciones apologéticas del terrorismo de Estado. Y se sospecha que su figura no es ajena a dos sitios procesistas de la web: Política y Desarrollo (www.políticaydesarrollo.com.ar) y Presos políticos de la Argentina (http//presospoliticosargentina.blogspot.com). Éste último, por cierto, está en el ojo de la tormenta.
El emporio de la advertencia. En el citado blog, sin otro propósito que el de intimidar, se publicaron cuatro listas con nombres y direcciones de más de 260 militantes y testigos en causas sobre el terrorismo de Estado. La Justicia ya empezó a actuar: a mediados de julio, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral escuchó al ingeniero en Telecomunicaciones, Ariel Garbarz, que hizo la denuncia. También los organismos de derechos humanos agrupados en Justicia Ya! se metieron en el tema y, el mismo día, reclamaron mediante un escrito medidas urgentes que permitan la captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables.
Se recuerda: tal como en su momento informó Miradas al Sur en exclusiva, en un post blog divulgó nombres, apellidos y direcciones postales de decenas de testigos de juicios de lesa humanidad. La introducción invita a conocer los “nombres de terroristas y sus lugares de residencia: pueden ser sus vecinos, profesores, arrimarse a usted como amigos. Ellos conviven entre nosotros”. La mayoría de los datos divulgados pertenecen a personas domiciliadas en la Capital Federal, Córdoba y otras ciudades del interior.
Sobre ellas dicen: “Deseamos aclarar a los argentinos que estos terroristas (llamados hoy ‘perseguidos políticos’), son los pseudo testigos que testifican en los ‘juicios’. ¡Sepa quiénes son!: pueden ser sus vecinos, docentes, parientes, animadores televisivos, locutores radiales, periodistas, empresarios”, se consignaba. Y se invita a los lectores a darle a las listas “la mayor difusión posible: publicar en Facebook, enviar a todos los amigos”.
No es una novedad afirmar que las amenazas y agresiones a testigos son una de las claves de los represores para intentar entorpecer los juicios por delitos de lesa humanidad. En ese marco, la desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, quien fuera testigo del juicio contra el ex juez Víctor Brusa, junto a muchos otros testigos intimidados o secuestrados por horas, son las manifestaciones más extremas de semejante accionar.
Lo cierto es que la agresión sufrida por el chileno Apablaza y el mensaje electrónico destinado a su defensor –hechos no relacionados específicamente con juicios a represores– marcan una ampliación de semejante accionar hacia otros tópicos irritantes para los apologistas del terrorismo de Estado. titulado “Los terroristas entre nosotros” ese.
El gran titiritero. Una fuente vinculada al mundillo de los militares retirados señaló a Miradas al Sur que en algunos de estos episodios estaría el largo brazo de Schwab. Pese a que el ex teniente coronel se encuentra prófugo en algún lugar de Miami, se cree que desde las sombras aún continúa impartiendo directivas.
Requerido por la Justicia por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en Tucumán bajo las órdenes del ex general Antonio Bussi, este individuo de 65 años, ex cabeza visible de la agencia de seguridad Scanner y factótum de Cecilia Pando como estrella de la derecha procesista, aún es el que todo lo decide en la Unión de Promociones, una organización creada por él para agrupar a militares retirados que reivindican a la última dictadura. Su actual jefe nominal, el general Heriberto Auel, minimiza el rol de ese sindicato de represores. “La Unión de Promociones sólo apoya con heladeras, microondas y colchones a nuestros presos”, manifestó recientemente en un juicio.
Dicho esto, no pudo evitar una sonrisa.
Miradas al Sur
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