HORACIO VERBITSKY: Las vías del hecho

Por Horacio Verbitsky

 

El asesinato de Mariano Ferreyra por matones de la Unión Ferroviaria está llamado a tener profundas consecuencias porque el umbral de tolerancia de la sociedad argentina a la muerte joven por razones políticas o gremiales es muy bajo, sin distinción de partidos o tendencias. Tal aversión obedece tanto a hechos históricos (como los enfrentamientos entre fracciones internas peronistas entre 1973 y 1975 y los crímenes del Estado Terrorista a partir de 1976) cuanto recientes (los 38 asesinatos policiales con que se despidió el último gobierno de la UCR, las ejecuciones de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la policía bonaerense de Felipe Solá, que obligaron a que el ex senador Eduardo Duhalde acortara su interinato al frente del Poder Ejecutivo, y el disparo de una granada de gases a la cabeza del maestro Carlos Fuentealba por la policía de Jorge Sobisch en Neuquén). Atentos a esa sensibilidad colectiva, los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK adoptaron como uno de los rasgos centrales de su identidad la decisión de no reprimir la protesta en el espacio público, que los diferencia de todas las administraciones precedentes y de las ofertas electorales de quienes aspiran a sustituirlos. En 2004, incluso, Kirchner despidió al jefe de la Policía Federal, al secretario de Seguridad Interior y al ministro de Justicia y Seguridad porque resistieron la directiva de que el personal policial dejara de portar armas letales ante manifestaciones. En ese contexto era inevitable que el crimen de Barracas, en el que debe analizarse por qué las policías federal y bonaerense no impidieron la agresión, pasara a ocupar el centro de la disputa política y sindical. La tragedia sucedió apenas una semana después del imponente acto de River Plate, en el que Hugo Moyano comprometió su apoyo electoral a Néstor o Cristina y descalificó al gobernador bonaerense Daniel Scioli, y de la decisión de la Coordinadora Interpatronal de boicotear la ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución, que dispone la participación de los trabajadores “en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La fiscal Cristina Caamaño tomó declaraciones durante toda la noche del jueves y el viernes la jueza Susana López ordenó allanamientos y detenciones que esclarecerían por completo lo sucedido.

La batalla por la interpretación

Con una coherencia admirable los diarios y los políticos opositores señalaron una presunta responsabilidad del gobierno, con títulos como “cosecha de sangre desde el poder” o “Instrucciones para armar un polvorín”, y referencias a los “discursos incendiarios” de “los Kirchner” que “crisparon al país fomentando antagonismos”, a “la alianza del kirchnerismo con la CGT de Hugo Moyano” y al país que cayó “en manos de la mafia sindical”. Tan ostensible mistificación sólo se sostiene desde el prejuicio clasista contra los feos, sucios y malos. En 2003, el sindicato de camioneros tenía 65.960 afiliados, hoy son l07.6l8. Esto no refleja sólo el crecimiento de la economía y del transporte por ruta, sino también el reencuadramiento de trabajadores que estaban afiliados a otros gremios, como la Federación de Comercio y Servicios. El pase a Camioneros implicó una mejora salarial sustantiva: de 2.566 a 4.l35 pesos mensuales en el gremio de los Moyano, con jubilación a los 55 años y semana laboral de 44 horas. Todo lo contrario ocurre con los tercerizados por las empresas ferroviarias, con la complicidad abierta de José Pedraza: las cooperativas truchas que los emplean, en varias de las cuales participan familiares de dirigentes del gremio, les pagan no más de 2.500 pesos mensuales, cuando un ferroviario legal no cobra menos del doble. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Tampoco es pertinente la comparación del despeje de vías cortadas, que la Unión Ferroviaria admitió haber realizado en forma conjunta con la empresa y la policía, con las asambleas de camioneros en la puerta de los grandes diarios o siderúrgicas para reclamar que se terminara con la precarización laboral de parte de sus trabajadores. Esos conflictos concluyeron en cuanto Clarín, La Nación y Siderar legalizaron la situación de esa parte del personal. ¿Es necesario precisar la diferencia entre una medida de fuerza sindical contra grandes empresas y el asesinato alevoso de trabajadores y/o militantes políticos que los acompañan?

Antagonismo o confluencia

Algunos trabajadores tercerizados del Roca consultaron el año pasado su situación con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien presentó junto con el judicial Julio Piumato un proyecto de ley que modificaría los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo para acentuar la responsabilidad de las empresas principales, como ya declaró en varios casos la justicia. Esos proyectos tienen dictamen de comisión, por lo que podrían tratarse en la Cámara de Diputados la semana próxima. Desde la izquierda se ha insinuado alguna responsabilidad de la presidente CFK, por haber lucido durante el acto en River una camiseta de la Juventud Sindical, como si los infelices antagonismos de hace 35 años, que constituyeron el más trágico de-sencuentro en las filas populares, debieran repetirse hoy. La realidad no procede de ese modo. Militantes de la Juventud Sindical han participado en las últimas movilizaciones por los Derechos Humanos y su secretario general, Facundo Moyano, participó de una visita a la ex ESMA junto con el hijo de Enrique Juárez, ex secretario general de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), detenido-desaparecido desde diciembre de 1976. Es comprensible que los Biolcati, los Méndez y sus tribunas de doctrina prefieran la repetición de aquellos combates y no las luchas que hoy libran muchos trabajadores por mejorar sus salarios y democratizar la representación sindical, ya sea desde la CGT o desde la CTA, a las que también les gustaría ver enfrentadas. La anulación de los comicios de la CTA en diez provincias dispuesta por el tribunal arbitral que acordaron las dos listas, al constatar graves irregularidades en perjuicio del actual secretario general Hugo Yasky, muestra que la limpieza en los procedimientos y el respeto por la voluntad de los trabajadores no son un sueño imposible, que no es fatal que prevalezcan la prepotencia y el fraude, aunque se adornen con los colores ideológicos más estridentes. Falsear los resultados es repudiable, lo hagan Guillermo Moreno o Pablo Micheli. Era inverosímil que quienes apuestan a reducir la central alternativa a un micropartido de izquierda como hay tantos, marginándose del debate crucial sobre profundización del proceso de cambio iniciado en 2003 o regresión a los años del neoliberalismo, hubieran vencido en buena ley a la conducción que puso a la CTA en el mapa político y social del país, como actor valioso en la pugna con los poderes fácticos que detestan la democracia porque limita su imperio.

Una trayectoria

Pedraza era un joven delegado de los trabajadores ferroportuarios, que en 1968 se sumó a la resistencia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ese gobierno desconoció el Congreso Normalizador de la CGT pretextando que habían participado gremios sin su cuota al día, dada la intervención estatal y el alto número de trabajadores despedidos. Surgieron así la CGT Azopardo, conducida entre bastidores por el metalúrgico, Augusto T. Vandor, y la CGT de los Argentinos, cuyos principales líderes eran Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. Pedraza formó parte de esta CGTA rebelde. Allí conoció al joven escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, de 41 años, convocado para dirigir el Semanario CGT. En ese periódico, Walsh publicó por entregas su investigación “¿Quién mató a Rosendo?”, donde radiografió la situación de la clase obrera: “Se echa a los más combatientes, previamente calificados de ‘comunistas’ o de peronistas revolucionarios. Se disuelven las comisiones internas, si es necesario se las compra”. Cuando los trabajadores recurren al sindicato “allí también fastidian, allí también cuestionan, allí también resultan ‘comunistas’. Patrones y dirigentes han descubierto al fin que tienen un enemigo común: esa es la verdadera esencia del acuerdo celebrado por el vandorismo con las federaciones industriales. Para llevarlo a la práctica, el gremio se convierte en aparato. Todos sus recursos, económicos y políticos, creados para enfrentar a la patronal, se vuelven contra los trabajadores. La violencia que se ejercía hacia afuera, ahora se ejerce hacia adentro. Al principio el aparato es la simple patota, formada en parte por elementos desclasados de la Resistencia, en parte por delincuentes. A medida que las alianzas se perfeccionan, a medida que el vandorismo se expande a todo el campo gremial y disputa la hegemonía política, el aparato es todo: se confunde con el régimen, es la CGT y la federación patronal, los jefes de policía y el secretario de trabajo, los jueces cómplices y el periodismo elogioso”. Walsh contabiliza el resultado: la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en apenas tres años para que las empresas metalúrgicas pudieran “producir más con menos operarios”. Lo ilustra con los índices de productividad, que crecieron 50 por ciento entre 1950 y 1961.

Cuarenta años después

Han pasado más de cuarenta años y con ellos otra dictadura y un gobierno electo por el voto popular que perfeccionó aquello que iniciaron los de facto. Pero aunque muchas otras cosas hayan cambiado, aquellas páginas no perdieron su potencia descriptiva. Pedraza llegó a la conducción de la Unión Ferroviaria durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia, dos asesores de Pedraza, Julio Savón y Fernando Carlos Frediani, fueron designados administrador y subadministrador de Ferrocarriles y su tesorero, Santos Reale, quedó a cargo de los ferrocarriles metropolitanos, que fueron saqueados como paso previo a la privatización. El entonces vicepresidente Duhalde controlaba, a través de su asesor Mario Masciotra, el departamento Explotaciones e Inmuebles Colaterales de Ferrocarriles. Una mutual fantasma de viviendas ferroviarias formada por Pedraza recibió 66 espacios y locales en las estaciones Federico Lacroze, Retiro, Once, Constitución, Liniers, Castelar, José C. Paz, Morón, Merlo, Moreno, Lanús, Lomas, Temperley, Monte Grande, Mar del Plata, Padua y terrenos en la calle Yerbal, en Rojas y Bacacay y en Belgrano C, por un alquiler promedio mensual sin indexación alguna de 15 dólares cada uno. En los mismos meses de 1989 en que decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial, que Menem impuso bajo la amable consigna “Ramal que para, ramal que cierra”, Pedraza se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto. Paradigma del sindicalismo empresario, también recibió los 11.000 kilómetros del Belgrano Cargas y obtuvo luz verde de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio con mandato vencido desde 1991 y sin elecciones.

Los pesados

Para ello consiguió excluir a la opositora Lista Celeste mediante un ardid estatutario. Utilizó como único medio para comunicar las condiciones del comicio un aviso en la página de Finanzas de La Nación, que como todo el mundo sabe es la lectura habitual de fin de semana en el hogar de los entonces 90.000 ferroviarios de todo el país. Ahora, sólo quedan 9000. En proporción, hubo pocos aportes tan significativos a la de-socupación. Peor fue el siguiente proceso electoral, en 1996. Uno de los líderes celestes, Jorge De Nápoli, fue despedido de su trabajo en el ferrocarril San Martín y citado en un bar por el jefe de custodia y operaciones de Pedraza, Rubén Norberto Carrizo, quien le dio a elegir entre aceptar plata para desistir o vérsela “con los pesados”. La disyuntiva fue reiterada por los propios pesados: el mayor Osvaldo Zacarías (que había participado con De Nápoli en un alzamiento carapintada) y el capitán Héctor Pedro Vergez se presentaron en el galpón de la Lista Celeste, cedido a De Nápoli por el automovilista Rubén Valentini, nieto, hijo y sobrino de ferroviarios y ex copiloto en competencias de rally de Menem y de su hijo. Vergez le explicó a Nelson Castro que habían ido por encargo del jefe de seguridad de Pedraza, aunque negó haber apretado a De Nápoli. Ambos militares trabajaban entonces para la SIDE. Valentini encontró en la ventana de su casa en Pinamar un pan de una libra de trotyl cuya mecha se apagó cuando sólo faltaban dos centímetros para que llegara al detonador. El juez federal Norberto Oyarbide allanó la sede de la Unión Ferroviaria, donde personal de la Gendarmería secuestró panes de trotyl, mechas lentas, detonadores y cintas de empaque idénticos a los que se emplearon para el fallido atentado y un plano del centro de Pinamar, del cual faltaba la parte que corresponde a la casa de Valentini.

Durante el interinato presidencial de Duhalde, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedaban. Acordó con las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA el convenio 612/03 en el que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula del fregado y el barrido), la ampliación del periodo de prueba a seis meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a voluntad del empleador y la aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la intimación ministerial a mantenerlo en funcionamiento, criterio que ni los gremios del transporte ni la OIT admiten. La actual viceministra de Trabajo Noemí Rial asesoraba a Pedraza en la disputa electoral. Héctor Recalde y el actual secretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, a la oposición proscripta. ¿Será por eso que Ruiz y no Rial intervino en la negociación con los trabajadores tercerizados por la UGOFE, en catorce cooperativas en las cuales tiene fuerte participación el propio Pedraza?

Morir por Pedraza

Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos, en 2006. Los aportes de los trabajadores eran derivados a una mutual supuestamente sin fines de lucro, cuyo presidente era Héctor Horacio Amigo [de Pedraza]. Gracias a ese artificio, a los afiliados a la Unión Ferroviaria morirse les salía cuatro veces más caro que a sus colegas de la Asociación de Señaleros. A medida que las privatizaciones redujeron el padrón de afiliados, los descuentos compulsivos se extendieron de los trabajadores activos a las viudas pensionadas y el valor de la cuota se incrementó. Según la fiscal Graciela Gils Carbó el contrato celebrado entre la UF y la mutual, que a su vez subcontrató con la empresa Parcelas Argentinas la compra de espacio en cementerios privados era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. Por la recusación de Pedraza a un juez, la causa rebotó de cámara en cámara sin ser elevada nunca a juicio oral, hasta que en mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant) dictaron la nulidad de todo lo dispuesto con la firma del juez recusado y la prescripción de la causa. Como se ve, el trayecto de la bala que mató a Mariano comenzó antes de que él naciera y contó con una extensa cadena de complicidades.

Pagina12