Tuesday, August 3, 2010

Estados Unidos: Ley cerrojo en Arizona


Por Austin Alonzo (ARTEMISA)

Desde la aprobación de la controvertida ley de inmigración SB1070, el 23 de abril (promulgada en el 29 de julio) en el estado de Arizona, Estados Unidos, manifestaciones y opiniones en contra y en apoyo a la medida se hicieron oir. Ahora hay una propuesta aún más fuerte contra los y las inmigrantes: terminar con la ciudadanía por nacimiento. Las mujeres y la niñez son las más perjudicadas.

Ahora hay otra propuesta que despierta más interés. El senador estatal Russell Pearce, un republicano de la ciudad de Mesa, Arizona, está proponiendo una ley que terminaría con la ciudadanía por nacimiento para los niños de inmigrantes indocumentados en el estado.

Pearce también participó en la redacción de la ley de Arizona. La normativa exige que toda la policía en Arizona pregunte por los papeles de los que aparentan ser inmigrantes indocumentados en los controles rutinarios de tráfico, en las detenciones y en otras situaciones típicas.

El 22 de julio, el Departamento de Justicia de los EE.UU. presentó un juicio para demorar la promulgación de la ley en respuesta a la presión de activistas por los derechos civiles y el impulso de México y otros paises latinoamericanos. El 28 de julio, la jueza federal Susan Bolton declaró la sección contra inmigrantes ilegales inválida. Sin dudas, Arizona apelará la medida hasta la Corte Suprema. Hasta entonces, la ley está sin efecto. Sin embargo, los inmigrantes siguen en vilo.

Esta norma podría empeorar la situación de los inmigrantes latinos. La senadora estatal Amanda Aguirre, una demócrata de la ciudad de Yuma, Arizona, contó a Artemisa Noticias que la policía ya está mal predispuesta en contra de los latinos.

Según Aguirre, datos del Arizona Department of Public Safety (Ministerio de la Seguridad Pública,) indican que durante los últimos cuatro años, los latinos fueron multados y arrestados por la policía en Arizona más que los de otras razas.

Muchos, como Eric Ehst, el presidente del National Organization of Women (Organización Nacional de Mujeres) de Arizona, consideran que la ley SB1070 es un ataque contra los inmigrantes. 'El ambiente actual con leyes como la SB1070 tiene un efecto negativo desproporcionado hacia mujeres y niños,' precisó Ehst a Artemisa Noticias. 'Sepárandolos de las familias, causando temor y discriminación racial, aumentando la pobreza, y reduciendo sus posibilidades de recibir educación y atención a la salud.'

Los críticos de la nueva propuesta de Pearce precisan que ésta va en contra de la decimocuarta enmienda de la constitución de los EE.UU., que garantiza que todos los que nacen en suelo estadounidense son cuidadanos. En su sitio web personal, Pearce sostiene que los inmigrantes han cambiado la intención de la enmienda en su favor. 'Otorgar automáticamente la ciudadanía a los niños de madres extranjeras ilegales es algo reciente y completamente involuntario y un resultado imprevisto de la enmienda,' escribió en su sitio web Pearce.

La negación de la ciudadanía automática a los niños de inmigrantes indocumentados no es una idea nueva. Hubo propuestas en el Congreso Nacional desde 1995, pero la propuesta de Pearce es una de las primeras que tiene una posibilidad realista de ser aprobada.

Según una encuesta de opinión por teléfono realizada por el servicio Rasumussen Reports (Reportes de Rasmussen) y publicada el 5 de julio, el 64% de votantes probables en Arizona opina que los niños de inmigrantes indocumentados no deberían recibir la ciudadanía automática.

Esta propuesta recibió muchas críticas, entre ellas la de Verónica Bayetti Flores, analista de política principal por la National Latina Institute for Reproductive Health (Instituto Nacional de Latinas por la Salud Reproductiva), quien la ve como un ataque contra los derechos reproductivas de las mujeres. 'La legislación tendría efectos devastadores en las comunidades latinas, no faltan los que se relacionan con la salud,' precisó Flores a Artemisa Noticias. 'El estatus migratorio afecta profundamente el acceso a la atención a la salud, y un sistema en que los niños nacidos en los Estados Unidos se les niega la ciudadanía sin duda profundizaría las disparidades de salud que vemos hoy en día.'

Ehst notó que en Arizona la ley prohibe el uso del seguro de enfermedad público a los inmigrantes indocumentados. La ley federal requiere que todos, incluso los sin papeles, tengan acceso a servicios urgentes, pero este requisito no incluye servicios pre y postparto. 'SB1070 aumenta el clima de miedo entre la población de indocumentados y es probable que disuada a las mujeres que buscan atención medical necesaria', dijo Ehst.

Aunque la aplicación empeoraría la situación, el tratamiento de las mujeres también es malo actualmente. Flores mencionó el caso de Juana Villegas de la Paz quien estaba embarazada de nueve meses cuando estuvo detenida por la policía en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, por su estatus de inmigración en concordancia con las leyes federales de los EE.UU. 'Cuando ella estaba detenida, empezaron las contracciones. Ella dio a luz con grilletes, fue separada de su niño poco después, y se le negó un sacaleches, lo que provocó que sus pechos se infectaran,' explicó Flores. 'Además, su niño sufrió ictericia y otros efectos negativos a causa de la separación.' Flores supone que habría más historias como ésta si la ley tiene vigencia.

La negación de ciudadanía automática por los niños de inmigrantes indocumentados cuenta con el apoyo de muchos votantes en los EE.UU, también. Según un reporte de Rasumusen del 3 de junio 2010, cerca de 58% están en contra de la ciudadanía automática para los niños de los sin papeles.

Pero esta opinión no debe indicar racismo y xenofobia extendido en los EE.UU. Al contrario, según un reporte de Rasmussen del 26 de abril de 2010, el 58% de votantes prefiere una política de inmigración abierta. Los temores más comunes según Rasmussen son que la violencia de drogas en México se desborde a los EE.UU. y que inmigrantes indocumentados vivan con la asistencia social.

Amigable California: La vecina de Arizona al oeste es California, que tiene una actitud completamente opuesta en temas de inmigración. Posee una larga historia de población de latinos, ellos forman el 36.6 por ciento de la población, según los datos del 2009 de U.S. Census Bureau (Departamento de Censo de los EE.UU.), y una economía que depende de 2.7 millones inmigrantes indocumentados, según datos de la consultora Pew Hispanic Center (Centro Hispano Pew). Los indocumentados trabajan como recolectores en los campos de frutas, cocineros, conserjes y otros trabajos de mala fama, según un informe de Diciembre 2009 del Migration Policy Institue (Instituto de la Política de Migración).

En años recientes la actitud hacia los y las inmigrantes indocumentados ha cambiado mucho, y los políticos californianos usan frases como 'obreros huéspedes' o 'inmigrantes sin papeles' en vez de los peyorativos 'ilegales' o 'aliens'. Pero en los años noventa, cuando el 42% de los inmigrantes indocumentados en el país vivía en California, según Centro Hispano Pew, había más tensión que la que hay hoy en día.

Este sentimiento culminó en la Proposición 187, un antepasado de la SB1070, que negó acceso a servicios públicos a los inmigrantes indocumentados en adición a la inspección obligatoria de estatus de migración por la policía. La ley se enfrentó con una lucha larga en los tribunales y fue negada en 1999.

Ahora los ciudadanos de California son más tolerantes, especialmente los jóvenes. Una nueva encuesta de opinión realizada por la University of Southern California (Universidad de California del Sur) y el diario Los Angeles Times precisó que ahora el 47% de la población está en contra de la negación de acceso a servicios públicos por los sin papeles, y un 67% apoya un sistema para nacionalizar los inmigrantes indocumentados si ellos pagaran multas y aprendieran inglés.

Oposición de estados latinoamericanos: El 16 de Julio Argentina anunció su respaldo a México en su juicio contra SB1070. El gobierno se unió con Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay en su rechazo a la ley.

Los países expusieron sus dudas sobre el SB1070, y la posibilidad de discriminación racial que presenta, ya que 'provoca desafíos considerable' a las relaciones entre EE.UU. y los países latinoamericanos.
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