Saturday, August 21, 2010

La oposición se unió en el Congreso para defender el reclamo de Clarín


Tiempo Argentino

Por Viviana Moriño

El Grupo A presentará un proyecto único para derogar la resolución oficial que anuló la licencia de Fibertel. Los legisladores vincularon el caso con la situación en Papel Prensa. “Parecen abogados del Grupo”, acusó el oficialismo.

La oposición dura del denominado Grupo A acordó ayer presentar un proyecto de ley para derogar la resolución del Ejecutivo, que anuló la licencia de la empresa Fibertel, del multimedios Clarín, para prestar servicios de Internet. Una vez más, el argumento fue frenar un supuesto nuevo avance del gobierno sobre la libertad de expresión.

El radicalismo, el macrismo, la Coalición Cívica (CC), el peronismo disidente y el GEN de Margarita Stolbizer se abroquelaron en la Cámara de Diputados para formular el anuncio y anticipar que citarán al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al Parlamento para que brinde explicaciones sobre la medida.

El oficialismo salió de inmediato a cruzar la intervención opositora. “Quieren convertir al Congreso en una sucursal del Grupo Clarín”, puntualizó el jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV) en Diputados, Agustín Rossi.

El legislador acusó a los principales referentes opositores de “tener una actitud más propia de los abogados de Clarín que de diputados que deben representar al interés de toda la Nación”.

Anoche, las quejas opositoras sumaron al vicepresidente Julio Cobos. “Este conflicto no le hace bien al país. No es bueno para la seguridad jurídica”, ensayó.

La oposición vinculó la decisión de la Casa Rosada sobre el caso Fibertel con la situación en Papel Prensa, donde el Estado mantiene una puja con Clarín y La Nación por la constitución y gestión de la compañía proveedora de papel. El martes, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, entregará a la presidenta Cristina Fernández un informe que hace eje, entre otros puntos, en los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en la apropiación de las acciones de la familia Graiver.

Por eso, la oposición salió ayer con fuerza a vincular ambas informaciones. “No estamos ante hechos aislados, sino ante un plan muy bien concebido, un abuso funcional de uno de los poderes del Estado”, puntualizó el jefe de la bancada de la UCR en Diputados, el cordobés Oscar Aguad.

En ese sentido, los legisladores de la oposición advirtieron sobre una “andanada” del poder central contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Fue el término que utilizó la líder de la CC, Elisa Carrió, ausente en la conferencia pero con presencia en las radios durante la mañana, y sobre el que también volvió la radical Silvana Giudici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja.

La diputada Patricia Bullrich (CC), co-equiper de Giudici en el férreo rechazo a la Ley de Medios finalmente aprobada en octubre de 2009, advirtió que los argumentos oficiales sobre la prestación de servicios en forma irregular, sin la autorización del organismo regulatorio son “arbitrarios”.

“Para la semana próxima viene una andanada del gobierno sobre Papel Prensa. Moreno va a llevar adelante una estrategia de expropiación de esa empresa. Es un tema realmente muy grave”, puntualizó la legisladora. Fue un argumento casi calcado del discurso de su jefa política.

El jefe de la bancada del PRO también se sumó a las prevenciones sobre el informe de Moreno y los pasos que dará el gobierno en Papel Prensa.

Tras fotografiarse con Moreno en la Casa Rosada durante los festejos del Bicentenario, Pinedo había confesado que considera al funcionario “un reo simpático que no le da miedo a nadie”. Ayer, sin embargo, prefirió parafrasear al ex presidente Néstor Kirchner y recordar su comparación del secretario de Moreno con la famosa mascota de Hollywood: “Lassie tiene rabia”, advirtió.

De la conferencia de prensa de ayer participaron también Margarita Stolbizer (GEN) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal).

La caducidad de la licencia de Fibertel fue dispuesta a través de la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones e involucra a más de un millón de clientes, a quienes se les otorgó un plazo de 90 días para la migración a una nueva prestadora de servicios de Internet.

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