Apenas tres de diez consultados creen que un juez es ecuánime. La absoluta mayoría los ve politizados, dependientes de otros poderes y poco éticos. Buena respuesta ante los proyectos para investigarlos antes de nombrarlos.
Por Raúl Kollmann
El trabajo de OPSM se realizó entre el 20 y el 26 de marzo, abarcando a 1100 personas de todo el país. Se respetaron las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y también por zonas y pertenencia a pequeñas y grandes ciudades.
“El estudio demuestra que es uno de los peores momentos de la Justicia como institución –señala Zuleta Puceiro–. En los distintos cuadros se puede ver que la gente percibe a los jueces como olímpicos, elitistas, corporativos, poco comprometidos con la sociedad en su conjunto. Está muy instalada la idea de que todo proceso judicial tarda mucho y de eso deriva, al mismo tiempo, la noción de poco compromiso, distancia con la sociedad.” Esto podría tener relación con el dato que también surge de la encuesta de OPSN: apenas el 12 por ciento considera que los jueces son eficientes. El 48,6 por ciento califica como mala o muy mala la eficiencia de los magistrados.
“Hubo un momento, cuando se designó la nueva Corte, que se impuso la percepción de que el Poder Judicial era el que traía más aires de renovación. La gente veía más transformación que en los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy eso quedó atrás. Se le ven menos iniciativas de cambio al Poder Judicial que al Ejecutivo y, siempre en el tercer lugar, al Legislativo”, diagnostica Zuleta. Más allá de esos datos, el consultor evalúa que la Corte sigue teniendo un alto prestigio, porque cuando se les pregunta los encuestados quién debe conducir el Poder Judicial, la gran mayoría señala a la Corte y una minoría al Consejo de la Magistratura.
La relación con la política también está cuestionada. Por un lado, no tiene receptividad la idea del Gobierno de que los jueces conforman un partido judicial: el 63 por ciento de los consultados no está de acuerdo con esa visión. Pero, curiosamente, siete de cada diez encuestados dicen que los jueces intervienen en política, o sea que afrontan su trabajo con una mirada en la que pesan mucho el oficialismo y la oposición. Cuatro de cada diez personas afirman que, en los últimos cinco años, la independencia de los jueces respecto de la política empeoró y el 60 por ciento sostiene que el Gobierno intervino demasiado en la designación de jueces.
–Es extraño que la gente tenga tantas opiniones sobre la Justicia –le señaló este diario a Zuleta.
–La exposición de la Justicia en los medios y en la vida cotidiana no tiene precedentes. El ciudadano común se topa todos los días con decisiones de los jueces. A veces, en los casos criminales, como puede ser en el caso Cabezas, García Belsunce, Dalmasso, en lo que sucede con la Hiena Barrios o con Cromañón. Hay diarios del interior en los que las distintas facetas de las cuestiones judiciales están, de alguna manera, en ocho de cada diez noticias. En las cuestiones políticas, la Justicia aparece más que nunca. En el delito, la Justicia aparece más que nunca. En cuestiones sociales, como manifestaciones, protestas, matrimonios, aborto, la Justicia aparece más que nunca. Se trata de un poder que está híper presente y por ello la gente tiene opinión, tal vez como nunca antes.
“Respecto de la inseguridad y el delito, la mayoría no le adjudica tanta responsabilidad a los magistrados. Hay un 26 por ciento de los encuestados que afirma que en el terreno de la lucha contra el delito, el trabajo de los jueces empeoró en los últimos cinco años. Pero lo cierto es que la mayoría piensa que no hay grandes cambios, todo sigue igual que siempre en esa área. El ciudadano común cree que el tema de inseguridad es más un tema de policías, del Servicio Penitenciario y del Poder Ejecutivo que de los jueces. Por eso es que en este terreno la crítica no es tan drástica. Fíjese que es un aspecto en el que no coinciden con la visión del gobierno nacional, que les echa mucho la culpa a los jueces en materia de inseguridad”, sostiene Zuleta.
Por supuesto que uno de los aspectos más graves es el que tiene que ver con la ecuanimidad, la justicia que imparten los jueces. Nada menos que el 53,6 por ciento de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en la ecuanimidad de los magistrados, mientras que sólo el 23 por ciento tiene alguna o mucha confianza en ese sentido de justicia de los jueces. “La mirada del Martín Fierro, esa de hacete amigo del juez, sigue primando –dice Zuleta–. Y esto es lo que marca un desprestigio social fuerte. Es un momento malo. Se cuestiona a los magistrados como árbitros. Se los ve del lado del oficialismo, de la oposición, de los poderosos. Esto es lo que marca justamente que se los ve lejos de la gente”, redondea Zuleta.
Desde el punto de vista de las medidas concretas, el ciudadano común respalda la idea del examen cada cuatro años. Es algo habitual: se piensa que tiene que haber exámenes también para los médicos, por ejemplo. Tiene que ver con la noción de que no debe haber privilegiados. Nada menos que el 85 por ciento de los consultados por OPSM se manifiesta de acuerdo en que haya un examen que los jueces deben aprobar cada cuatro años y que eso no afecta su independencia.
También hay un respaldo casi total a la investigación sobre los patrimonios, algo que se extiende a todos los funcionarios del Estado. Los ciudadanos suelen estar a favor de que se investigue los bienes de los miembros de los tres poderes. En este caso, hay un 82 por ciento a favor de vigilar el patrimonio de los magistrados. La noción de que hay sentencias que se pagan, que quienes tienen poder económico pueden lograr cierta impunidad, está extendida en la población.
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