Fryo, muy Fryo

Pagina 12 - 04/04/2010

La incapacidad táctica del Frente del Rechazo y el Odio se explica por su falta de proyecto estratégico. La única prenda de unidad del FRYO es hacerle daño a un gobierno que ha conseguido que el país sorteara sin mayores daños la peor crisis mundial en siete décadas y cuyas perspectivas para este año son muy optimistas. La fantasía de reproducir un 2001, cuando ni la economía ni la política lo permiten.


Por Horacio Verbitsky

Más allá de las anécdotas sobre qué senador se sienta en su banca o cruza de bando o de qué diputado negocia su voto para entregar a la Sociedad Rural la comisión de agricultura y al Opus Dei la de Legislación Penal a cambio de una comisión investigadora sobre el fusilamiento de Dorrego, de qué juez o cámara interviene en cada medida cautelar, la incapacidad táctica del Frente del Rechazo y el Odio (FRYO) es una consecuencia directa de su falta de estrategia para enfrentar a un gobierno que, a pesar de la peor crisis mundial en siete décadas, ha logrado que la Argentina no cayera en uno de los periódicos abismos que desde 1975 han desbarrancado al empleo y el salario. El funcionamiento institucional de los tres poderes pocas veces ha sido tan intenso y la opinión pública está involucrada como nunca, con reuniones de comisión del Congreso transmitidas en directo por tv, cosa que no deja de asombrar a los extranjeros que pasan por este extraño país.
Contrastes

La reunión presidencial con el 70 por ciento de los gobernadores, el paso del ministro de Economía por el Senado, la apertura del canje de bonos en moratoria y la habilitación del uso de reservas para cumplir con los compromisos contenidos en el presupuesto de este año son ejemplos nítidos de ese contraste, tanto como la confusión del FRYO que desistió de apelar las rechazadas medidas cautelares, no tiene número para derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que objeta o impedir la sanción de una ley que perfeccione su contenido, como las que propusieron Carlos Verna en el Senado y Martín Sabbatella en Diputados.
Extremos del extravío a que llega el Grupo Ahhh... son la iniciativa de Elisa Carrió de declarar nulo un DNU cuando la ley sólo habilita al Congreso a aceptarlo o rechazarlo o la de Felipe Solá y el ex Procurador General del menemismo Alberto García Lema, de una ley de artículo único que ataría el uso de las reservas y las transferencias a las provincias, con la ingenua presunción de que así evitarían el veto. Además de los despectivos comentarios de la prensa militante contra sus inútiles legisladores, los patrones que impulsan al FRYO planean aferrarse a las sotanas episcopales, en un intento de repetir el clima de vacancia de poder de 2001. Pero la situación política y económica no guarda punto de comparación. El ariete detrás del que se encolumnan para embestir es la inflación que estaría generando pobreza. Lo que no pueden explicar es qué riqueza produciría el ajuste que proponen.
De contragolpe

El proyecto del FRYO sobre el impuesto al cheque transparenta la voluntad de desfinanciar al Estado Nacional, privándolo de recursos votados hace pocos meses en el presupuesto 2010. Esta supina irracionalidad garantiza que cualquiera de las alternativas que CFK planteó a los gobernadores que almorzaron en Olivos parezca legítima:
- vetar esa hipotética ley,
- replicar con la supresión de las transferencias que se envían a las provincias como parte del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y/o el Fondo Federal Solidario que incluye un tercio de las retenciones a la soja,
- impulsar la derogación del impuesto al cheque en el presupuesto 2011, sin generar un conflicto como el que busca el FRYO.
Desde la crisis de fin de siglo el PAF refinancia a ocho años, con uno de gracia y una subsidiada tasa fija del 8 por ciento en pesos los vencimientos de capital de las deudas provinciales que absorbió la Nación. Los vencimientos de este año ascienden a 12.300 millones de pesos y la coparticipación del impuesto al cheque aumentaría los ingresos provinciales en 10.300 millones. De replicar el Estado Nacional con la supresión del PAF, las provincias perderían esa diferencia de 2000 millones, que llegarían a 8500 si además dejara de coparticipar el ingreso por la soja. En ese Pif Paf insensato, de aprobarse el proyecto de ley se beneficiarían la Ciudad Autónoma, Santa Fe, Santiago, Salta, San Juan, San Luis, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, que reciben poca o ninguna asistencia financiera nacional. En cambio sufrirían Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Misiones, Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Tucumán, Tierra del Fuego, Corrientes, Catamarca y Formosa.
La coparticipación

Por eso, la alternativa ideal es suprimir el impuesto al cheque en el presupuesto 2011 y replantear entre todas las jurisdicciones la tan postergada ley de coparticipación que reemplace a la de 1988 y cumpla con la Constitución de 1994. Una propuesta interesante para desatascar esa discusión, la más difícil que enfrentan las instituciones argentinas, la formuló en la reunión de gobernadores el salteño Juan Manuel Urtubey, quien reclamó la creación de un Fondo de Desarrollo Estructural que tienda a compensar la desigualdad y el desequilibrio económico y social entre regiones, provincias y departamentos con la mira puesta en reducir la pobreza e incrementar el bienestar. Urtubey trabajó sobre los datos del censo de 2001 para los 511 departamentos del país. Utilizó dos mediciones complementarias, de Necesidades Básicas Insatisfechas (acceso a la vivienda, a servicios sanitarios y a educación y capacidad económica) y de Privación Material de Hogares (que considera tanto formas estructurales o permanentes de pobreza como aquellas relacionadas con el impacto en el consumo de las fluctuaciones de la economía). De este modo cuantifica la inversión necesaria en obras de infraestructura para reducir la pobreza estructural en cada departamento del país. El resultado sería un Fondo per Cápita por Provincia y un plazo de intervención en cada provincia hasta equilibrar los indicadores de pobreza. En promedio insumiría cinco años y medio y un monto anual de 1323 millones de dólares, que se detraerían del total de la masa de ingresos tributarios antes de dividirla entre la Nación y las provincias. Una idea afín planteó el gobernador mendocino Celso Jaque, que derivaría un porcentaje de la coparticipación primaria para obra pública, aplicada a la desaparición de las NBI. El gobierno entiende que cualquiera de esos esquemas tendería a formalizar lo que ahora está haciendo con el Fondo de Infraestructura que financia el Estado Nacional pero ejecutan las provincias y cuyas obras en Córdoba ponderó Juan Schiaretti. También hubo entre los gobernadores encomio por la Asignación Universal por hijo y la moratoria de 2,3 millones de jubilaciones de las que se hizo cargo el Estado federal. Esto les quitó presión a los presupuestos provinciales, que pudieron eliminar planes, y dinamizó la economía en los pueblos pequeños, donde las jubilaciones que paga el Estado Nacional superan la masa de sueldos municipales.
Sentido de la oportunidad

La exposición de Amado Boudou en el Senado podría haber transcurrido en forma anodina, sin la inoportuna amenaza del senador Gerardo Morales sobre una denuncia penal por el Fondo de Desendeudamiento. Mientras Morales hablaba, los videographs de los canales de televisión que transmitían el debate informaban que la justicia había liberado el uso de las reservas. El tono irritante del jujeño provocó una reacción inesperada de Boudou, con el recuerdo del ajuste sobre el salario y las jubilaciones que planteó el gobierno de la Alianza cuando Morales era Secretario de Desarrollo Social, y el insensato endeudamiento del blindaje y el megacanje que financió la fuga de divisas y que ahora se está pagando. Técnica fue en cambio su respuesta a la cobista Laura Montero, quien planteó una revisión del presupuesto, cuando recién ha corrido un trimestre del año. Lo habitual es realizar esa ampliación en septiembre o diciembre, como sabe Montero por su experiencia de ministra de Economía de Mendoza, respondió.
Boudou también refutó las afirmaciones basadas en que el presupuesto ya contemplaba las partidas para el pago de la deuda y que el Fondo de Desendeudamiento consistirá en partidas nuevas para que el gobierno incremente el gasto sin control legislativo. Lo que el presupuesto contiene es la autorización de endeudamiento por 155.000 millones de pesos para cumplir con compromisos presupuestados, de los cuales sólo 100.000 ya se sabe de dónde saldrán. Falta el financiamiento de los otros 55.000, una parte del cual estará en el Fondea.
El Fondea ahorrará 800 millones de dólares de intereses en un año. Por apenas unas horas, Boudou no pudo contrastarlo con la colocación de bonos del gobierno porteño, a una tasa del 12,5 por ciento y mediante el pago de comisiones exorbitantes, del 2 por ciento, lo cual triplica lo usual para este tipo de colocaciones. La división de las comisiones indica que el Credit Suisse no aceptó compartir la suya con la boutique financiera KBR Corporate Finance, a cargo del dirigente del PRO Eduardo Srodek, cuya tarea en la operación no es otra que derivar un porcentaje a una caja amiga. El gobierno de la tercera ciudad de Latinoamérica no necesita intermediarios para contactarse con un banco y el Credit Suisse obligó a ponerlo en evidencia. Su comisión es la de mercado, la de Schrodek el costo argentino.
Un plomo

En su segunda intervención, el apabullado Morales no pudo eludir un humillante reconocimiento de culpas por el ataque a los ingresos populares en su gestión. Luego dijo con despreocupada trivialidad que el ministro disparaba con plomo y se concentró en el tema escogido por el FRYO para presionar al gobierno, la inflación. El ministro y los demás miembros del oficialismo se mueven con un margen estrecho respecto de la inflación. Por un lado, deben impedir que el tema se instale y la discusión política pase a girar sobre el enfriamiento de la economía y una política de ajuste. Pero si se limitaran a negar el fenómeno potenciarían la devaluación de la palabra pública que desde hace años acarrea la vandalización del Indec. Esto no les permite decir las cosas que hacen o se proponen hacer. La estrategia oficial tiene cuatro patas:
1. Controlar a las pocas grandes firmas formadoras de precios, sobre todo en alimentos e indumentaria, con métodos más sutiles que el gruñido esporádico del secretario de Comercio, que hace mucho asusta más a los propios que a los ajenos. Todas ellas tienen enormes ganancias desde hace años, contraparte del incremento de precios y de la escasa competencia que enfrentan. El gobierno ha comenzado a decirlo, con emisores un poco más creíbles que El Napia. Habrá conversaciones discretas y si no dan resultado tal vez se estudie el impuesto a las ganancias extraordinarias del diputado Héctor Recalde.
2. Recurrir a los intendentes para el seguimiento de los precios en cada municipio, de modo que la contención que el gobierno nacional pueda lograr en los primeros eslabones de la cadena lleguen al bolsillo de los consumidores en vez de aumentar la rentabilidad del otro extremo de la cadena. El presidente de la Federación de municipios e intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, está trabajando en un proyecto para que las intendencias pasen a ser agentes de retención de parte del IVA, a cambio de un porcentaje que les reconocería la AFIP, lo cual perfeccionaría el control.
3. La transferencia directa de ingresos a los sectores que menos tienen va íntegra al consumo, no se desvía al dólar ni a la apropiación de renta. Las jubilaciones incorporadas por la moratoria equivalen a 3000 millones de pesos por mes, la Asignación por hijo se acerca a 700 millones. La decisión es actualizar su monto para que no lo licue el IPC. Está retrasado pero no se abandonó el proyecto de Julio De Vido de derivar el subsidio al transporte de las empresas a los pasajeros, mediante una tarjeta magnética. Esto disminuiría el monto que se eroga y la discrecionalidad con que se asigna y mejoraría la precisión del blanco al alcanzar, con mayor equidad, eficacia y transparencia.
4. El descenso de la tasa de interés para que ante el incremento de la demanda aumente la inversión y la oferta y no los precios. Esta es la lógica implícita en el recurso a las reservas para los vencimientos de deuda presupuestados, en el canje de deuda en moratoria y en el eventual pago al Club de París, cuya consecuencia sería un descenso de la tasa de interés para las empresas privadas. Las propuestas alternativas de financiamiento mediante la reducción del gasto público y la colocación de bonos en el mercado local que impulsan, entre otros, el vicepresidente Julio Cobos, implicarían por el contrario el incremento de las tasas de interés y la disminución del crédito. La inquietud de Cobos por lo que llama inflación muestra su pauperismo intelectual y su voluntad de no hacerse cargo de sus actos. Su voto contra la 125 está en el origen del incremento de precios de los alimentos que hoy se observa.
De París al Fondo

El principal obstáculo para el acuerdo con el Club de París es la exigencia de países como Japón y Estados Unidos de que intervenga como auditor el Fondo Monetario Internacional. Desde que la deuda dejó de concentrarse en los organismos multilaterales, se bancarizó y se fragmentó en títulos en poder de millones de inversores, la intervención del Fondo para exigir un ajuste ante problemas de balanza de pagos se volvió anacrónica. Al ser admitida como integrante del Grupo de los 20, la Argentina tuvo otra alternativa, la denominada revisión entre pares. En febrero, mientras el FRYO estaba ocupado con la piñata de los cargos en el Congreso y preparaba el ninguneo a Mercedes Marcó del Pont, el ministerio de Economía presentó toda la información requerida por el G20, equivalente a la famosa revisión del artículo 4 del FMI. La prensa militante ni se dio por enterada. Pese a la oposición conjunta de la Argentina y Brasil, el G20 estableció que el FMI recibiera esa información de cada uno de sus miembros aunque, en teoría, coordinaría sin opinar. La Argentina sondeó a la secretaría del Club de París sobre la posibilidad de pagar en seis años. La respuesta fue, en un año y medio, plazo exiguo que puede parecer generoso al lado del reclamo francés de pago al contado. El hecho es que la negociación está abierta y también en este caso la racionalidad está del lado del gobierno.