El texto final que aprobaría hoy la Cámara alta ordena la suspensión de todos los derechos individuales, instala toques de queda y les permite a las fuerzas de seguridad hacer allanamientos y arrestos sin la orden de un juez.
El proyecto de Lugo proponía un estado de excepción en los departamentos norteños de Amambay, Concepción, Presidente Hayes, Alto Paraguay y San Pedro durante sesenta días. La oposición aceptó el pedido, pero lo redujo a treinta días y limitó las prerrogativas del presidente de la Nación durante ese período. El texto final que aprobaría hoy a la mañana la Cámara alta ordenará la suspensión de todos los derechos individuales, instalará toques de queda y les permitirá a las fuerzas de seguridad hacer allanamientos y arrestos a diestra y siniestra, sin la orden de un juez.
Pero lo más importante, lo que tuvo que ceder Lugo, es que serán los militares y no ya los policías los que dirigirán la cacería de los supuestos guerrilleros. La Constitución paraguaya, como la argentina, no permite que las fuerzas armadas participen de operativos de seguridad dentro del territorio nacional. Excepto, claro, que haya un estado de emergencia, declarado por el Legislativo y ratificado por el Ejecutivo.
El fantasma del EPP viene acosando al gobierno de Lugo desde sus primeros meses de gestión y el año pasado el thriller llegó a su clímax cuando se adjudicaron el secuestro de un ganadero, oriundo de Concepción, el mismo departamento donde aparecieron muertos los tres peones y el policía esta semana. El cautiverio de Fidel Zavala duró más de tres meses y durante ese tiempo Lugo tuvo que desmentir más de una vez rumores de golpe de Estado, juicio político y hasta enfrentar llamados públicos de otros ganaderos a levantarse en armas.
La liberación de Zavala y el apoyo contundente de las organizaciones sociales permitieron que el ex obispo sobreviviera a esa crisis. Pero la presión se fue acumulando y esta semana, no bien se difundió la noticia de las cuatro muertes a manos de supuestos guerrilleros, la olla amenazó con explotar otra vez.
Por eso, según su asesor, Lugo se adelantó y ordenó un despliegue militar. No fue una decisión fácil. Los cinco departamentos que quedarán bajo virtual control castrense son los mismos en los que se dirime el corazón del conflicto campesino. La figura política de Lugo nació allí, entre las luchas por la tierra y las denuncias contra la sojización y la extranjerización de los campos. Antes de dejar la Iglesia para lanzarse a la presidencia y romper con sesenta años de dominio colorado, Lugo era obispo del departamento de San Pedro, uno de los cinco departamentos que en las próximas horas quedará a merced de las fuerzas armadas.
La ironía no pasó inadvertida a los aliados del mandatario. La Federación Nacional Campesina, la organización popular más poderosa del país, que marchó varias veces hasta Asunción el año pasado en apoyo del ex obispo, condenó ayer el estado de excepción y advirtió que no lo acatará. “La incapacidad de las autoridades no puede significar un castigo para la gente”, cuestionó el frente a través de un comunicado difundido ayer. La federación denunció en reiteradas ocasiones ante organismos de derechos humanos internacionales la represión ilegal de miembros de las fuerzas armadas y la connivencia de la institución con los grupos paramilitares, organizados por los ganaderos y terratenientes.
Al impulsar el primer estado de excepción de su gobierno, Lugo reconoció que la situación –política, cuanto menos– se le fue de las manos. Hasta algunos de sus aliados lo reconocen. “El ministro de Defensa no hizo absolutamente nada. Fue uno de los principales críticos de la colaboración con Colombia para importar estrategias antiguerrilleras”, señaló Saguier, un hombre de confianza de Lugo. En el Congreso ya pidieron varias veces la cabeza del ministro Luis Bareiro Spaini, pero el presidente lo respaldó sin dudarlo. El Senado convocó al titular para que la semana próxima dé explicaciones sobre su estrategia para combatir a la presunta guerrilla y los rumores se multiplican en los medios locales sobre su posible renuncia. “La verdad es que el presidente no lo quiere sacar, pero va a tener que hacerlo”, pronosticó su asesor legal.
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