Morelia, Michoacán. La actividad del narcotráfico penetró en la población infantil de la entidad a través de la venta y el consumo de droga. Es un cáncer social que ahora puebla el Albergue Tutelar de Michoacán con menores de 13 años.
Antes de llegar a ese recinto cada menor infractor ha vivido una terrible historia. Se estima que el 45 por ciento de los menores fueron inducidos por un adulto a la adicción a las drogas, otros más ingresaron al narcomenudeo porque sus propios padres se dedican a ello, y hay quienes fueron utilizados por hábiles delincuentes para introducir droga en algún sitio a cambio de unas monedas.
Las redes de este fenómeno son tan fuertes que superan las acciones de las autoridades para prevenirlo y castigarlo. De esta manera, el crimen organizado ha transformado a los menores en un lastre social, alejándolos de los sueños propios de la infancia.
El perfil general de los menores infractores en materia de drogas es que provienen de familias disfuncionales, padres divorciados o presos en algún penal. Otros menores proceden de hogares cuyos progenitores emigraron hacia Estados Unidos y quedaron al cuidado de un familiar o, en el peor de los casos, que fueron abandonados.
Una forma de vida: El fenómeno de los llamados narconiños se extiende en todo el territorio michoacano. Clara Ochoa Valdés, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), explica que el sueño de los niños y jóvenes de esas regiones «es portar un arma R-15, AK-47, sin olvidar su anhelo de ser propietarios de una súper camioneta blindada, con vidrios polarizados y los corridos prohibidos a todo volumen».
La funcionaria afirma que los menores responden al ambiente en que se desenvuelven, manifestando sus deseos de cambiar lápices y cuadernos por los equipos propios del crimen organizado. Así lo reveló el estudio realizado por esa institución: La niñez y juventud de Michoacán anhelan convertirse en narcotraficantes. Particularmente, quienes habitan en la región de Tierra Caliente y en zonas en donde el narcotráfico es ya una forma de vida para muchas familias. Ante la falta de empleos y el aumento de la pobreza, para ellos representa «un negocio altamente remunerado».
En 2005, el Albergue Tutelar Juvenil atendió un total de 24 menores involucrados en delitos contra la salud: uno por secuestro y ocho por homicidio. Las estadísticas de 2006 revelaron un incremento: hasta octubre de ese año, esa instancia recibió a 11 niños por narcomenudeo y tres por homicidio.
Actualmente esa institución atiende en promedio a mil menores infractores al año, que significan 80 niños por mes a partir de los 14 años de edad. Hasta antes de la reforma al artículo 18 constitucional se recibían a menores de todas las edades, sin embargo con este cambio los que son más pequeños son remitidos por el Consejo Tutelar de Menores a los padres o familiares para que corrijan las conductas de los niños.
Yolanda Hernández Martínez, directora del albergue, considera que el robo es la causa de la mayoría de los ingresos de menores en la institución. Las infracciones por narcotráfico, secuestros y homicidios representan también a un importante porcentaje.
La especialista explica que los menores involucrados en el narcomenudeo también son adictos a las drogas, por lo que delinquen para satisfacer su necesidad de compra de estupefacientes. «La característica común de estos jóvenes es que vienen de familias disfuncionales, cuyos padres están divorciados, emigraron a los Estados Unidos o se encuentran presos».
Se estima que el 45 por ciento de los menores infractores consumen drogas, y en su mayoría son utilizados por conocidos o familiares para la venta de estupefacientes, toda vez que son fáciles de engañar o «de enganchar» a cambio de unos pesos. A esta circunstancia se añade que hasta 2005 no se habían establecido penas específicas para ese delito, y los menores salían mediante un tratamiento psicológico.
Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, por la actual Legislatura local, a partir de este año los menores de 14 años serán juzgados y purgarán una pena privativa de libertad de hasta 10 años, según el delito cometido. Para que cumplan su condena, los adolescentes cuyas infracciones sean consideradas graves: como delitos contra la salud, secuestros, homicidios y violaciones, se construirá un sitio de internamiento en el mismo lugar que ahora ocupa el Albergue Tutelar.
Más jóvenes presas del narcotráfico: El problema de las adicciones en menores cobra víctimas cada vez más jóvenes. Ahora el promedio de edad de quienes se inician en las drogas es de 12 años (mujeres y hombres) sin importar el nivel económico o esfera social en que se desenvuelven.
Estadísticas de la Encuesta Nacional de Adiciones señalan que el 0.5 por ciento de la población de 12 a 65 años probó alguna vez drogas ilícitas; en tanto que en ese mismo rango de edad, un 25 por ciento consumió alcohol, y el 26 por ciento de personas entre los 18 y 65 años fumaron alguna vez. En el caso del tabaquismo, hombres y mujeres en igual proporción lo consumen y para el alcoholismo, 70 por ciento son varones y 30 por ciento, mujeres.
La responsable del Consejo Estatal contra las Adicciones en Michoacán, María Antonieta Maldonado, explica que la gravedad del problema de la adicción a drogas en menores deriva de que la edad disminuye cada vez más. Dice que «las consecuencias son más graves si hablamos de niños que no han alcanzado aún su desarrollo físico. Es más fácil que a temprana edad se vuelvan adictos a alguna droga, y que su dependencia de ésta, sea de más años de consumo».
En contraste, en los años 30 del siglo XX, la edad promedio en la que una persona probaba alguna droga era a los 21 años. En los años 70, la edad de consumo bajó a los 16 y en los 80, hasta los 13 años. La educación y la publicidad a través de los medios son los principales factores que influyen en los adolescentes para que consuman esas drogas, consideradas legales.
«Ahora nos encontramos con el hecho de que los menores dejan de ser niños más pronto y aquí influye la educación que reciben actualmente, tanto de los padres de familia como de los maestros. Ya no hay reglas tan estrictas ni en casa ni en las escuelas, hay más apertura y libertad», expone Maldonado.
Las drogas de mayor demanda –lícitas– en Michoacán son el alcohol y el tabaco, su demanda y consumo es de 25 y 26 por ciento, respectivamente. Los especialistas estiman que en el caso del alcohol, los daños a la salud se traducen en trastornos gastrointestinales y alteraciones en el sistema nervioso. Además de provocar el mayor número de accidentes automovilísticos.
Focos Rojos: La problemática del narcotráfico se disparó notoriamente en 2006 en Michoacán y sus efectos impactan en el núcleo familiar. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, además de la pobreza, generada por falta de empleo, la adicción a las drogas genera violencia en el hogar. En Michoacán la violencia familiar se disparó con sus variantes, como violencia psicológica, física, sexual y económica.
Tan sólo en ese año, el Consejo Estatal de Población atendió 200 casos de ese tipo de violencia, 85 por ciento de ellos con víctimas mujeres, el 10 por ciento, jóvenes, y 5 por ciento hombres. En hombres. Jonathan Palacios Ruiz, psicólogo del Coespo y responsable atender a jóvenes con problemas de violencia familiar, explica que cuando el detonante es el consumo de droga «de cada 10 adolescentes, dos caen en suicidio». Además se estima que por cada 10 personas adictas a alguna droga, tres son adolescentes.
Lorena Cortés Villaseñor, directora de Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), afirma que esa instancia observa con atención la estadística del consumo de drogas en la entidad y coincide en que, a diferencia de otros años, «ahora los adolescentes se suman a las estadísticas de este fenómeno a una edad cada vez más temprana».
Cortés subraya que el consumo de drogas de diseño es un problema grave en Michoacán –particularmente pastillas de diferente marca, pero con el mismo efecto- ya penetró en la población juvenil, provocando problemas severos de salud. Para la PGJE, las zonas de mayor riesgo o consideradas focos rojos en la venta de estupefacientes están en la periferia de la ciudad. «Nos referimos a aquellas colonias que no cuentan siquiera con alumbrado público, que carecen de los servicios elementales. Allí es donde percibimos más grave el problema».
En relación con el llamado operativo mochila para revisar las pertenencias de los estudiantes y evitar el uso de drogas y alcohol, la funcionaria responsable de prevenir ese delito en el estado comenta que esas acciones se realizan «a petición de los padres de familia y profesores de las escuelas, quienes son los que de primera mano conocen acerca de esta problemática en sus escuelas».
El año pasado hubo siete intervenciones en igual número de escuelas y no se encontró droga en ningún adolescente. Las autoridades sí detectaron cilindros con refresco y alcohol. Este año se realizarán las revisiones que soliciten las escuelas y padres de familia, aunque hasta enero no había ninguna solicitud al respecto. La funcionaria de la PGJE explica que “hay padres de familia que no creen en el operativo y se muestran reticentes a estas medidas”.
Este año la dependencia instalará buzones en escuelas y áreas estratégicas para promover la denuncia anónima, de forma que los jóvenes o personas que conozcan que en algún núcleo escolar o colonia se vende droga a adolescentes, denuncien el hecho.
Otro programa de combate al consumo de drogas es «escuela segura, sendero seguro», destinado a promover actividades artísticas, culturales y deportivas para que los jóvenes desarrollen aptitudes durante su tiempo libre y se combata la vagancia que es factor que conlleva a la adicción.
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