Fujimori y sus delitos

¡QUÉ BONITA JUSTICIA…!

Por JULIO CARMONA / Escritor peruano

Al que roba una gallina lo encierran en un calabozo inhóspito, y al que roba millones lo ponen en cárcel dorada. O sea que –según el refrán– quien tiene padrino se bautiza y el que no, se queda moro. A partir del año 1992 –con la caída de Guzmán– se desató, en la práctica, una cacería de brujas. Es decir, bastaba un dedo acusador para que cualquier persona fuera incriminada de terrorista. Y las cárceles se llenaron de inocentes, con la sola palabra de un arrepentido que, por ver reducida su pena o verse libre, lanzaba al encierro a cuantos hombres o mujeres cuyos nombres se le ocurrieran.

Por supuesto, el arrepentido adquiría un mejor estatus, separado de los demás prisioneros, y, finalmente (mismo mitimae del incanato), era trasladado a un lugar desconocido y con nombre cambiado. Es decir, beneficios para el delincuente que admitía su culpabilidad terrorista, y a los por él enlodados les aplicaban, en muchos casos, varios años de internamiento y en las peores condiciones carcelarias.

Esa bonita manera de hacer justicia, basada en la mentira y la calumnia, y tan cercana a su otra táctica antisubversiva llamada tierra arrasada, que consistía en matar a un número ilimitado de personas por la sospecha de que en él había un terrorista, fue implementada por el terrorista mayor del terrorismo de Estado de esa época: Alberto Fujimori. El mismo que usa también la táctica del arrepentimiento, reconociendo su culpabilidad a cambio de un juicio que impida se conozca los pormenores de sus delitos. Todo esto maquinado desde su prisión dorada. Se dice que esta última le corresponde por su rango de ex presidente. Pero, en realidad, lo que ocurre es que el proverbial sentido errático de los peruanos nos hace olvidar que en las marchas populares a fines de los noventa el lema más usual era: «No tenemos presidente, tenemos delincuente».

Y sus delitos incluían el haber asumido la presidencia ocultando su nacionalidad japonesa, lo cual es causal definitiva para borrar de un plumazo ese fraudulento rango, porque la Constitución del 79 (que es con la que fue elegido) exigía la renuncia a la nacionalidad de origen (Art. 92°).

Fujimori debiera, pues, estar no sólo en una cárcel común sino privado de cualquier beneficio que minimice su culpabilidad demostrada y aceptada. Pero como la familia Fujimori se encargó de blindarlo, no nos queda sino exclamar: ¡Qué bonita familia!, y como ésta prohijó al actual Poder Judicial, se puede decir, también con singular admiración: ¡Qué bonita Justicia!

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