La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) le otorgó asilo político a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, como lo solicitaron los organismos de derechos humanos. Su extradición era reclamada por el gobierno chileno de Sebastián Piñera por ser el presunto autor intelectual del secuestro de un empresario y del asesinato de un senador chileno. Ayer, tanto el titular de la Corte Suprema chilena como el gobierno se habían pronunciado en contra de que le dieran la condición de refugiado político. El presidente del Senado chileno se reunió con el vicepresidente Julio Cobos y dijo que esa decisión iba a “atentar contra las relaciones” entre Chile y la Argentina.
Apablaza está acusado en Chile de ser el supuesto autor intelectual de del asesinato del ex senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, y de haber participado del secuestro del empresario de medios Cristian Edwards. Los dos hechos ocurrieron en 1991. Apablaza fue arrestado en 2004 y luego dejado en libertad. Negó todos los cargos en su contra y señaló que no existían pruebas. El juez Claudio Bonadío negó en primera instancia la extradición y su fallo fue apelado.
El pedido de extradición fue revitalizado por la llegada de la derecha al poder en Chile y escaló hasta la Corte Suprema argentina, que concedió la extradición, pero aclaró que esa resolución quedaría anulada si se le concedía a Apablaza el status de refugiado político. El ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) había solicitado asilo político en la Argentina hacía más de seis años. Las Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Instituto de Relaciones Ecuménicas, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS, el MEDH y la Liga por los Derechos del Hombre pidieron que se le concediera el status de refugiado político por ser “un luchador contra la dictadura de Pinochet”. También abogó por Apablaza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Ante una inminente decisión de la Conare, todas las instancias del Estado chileno ejercieron presión ayer sobre el gobierno argentino. Desde la cabeza del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema chilena, Milton Juica, sostuvo que “sería lamentable que, por razones solamente políticas, se negara una extradición para que una persona se presente al país y explique, justifique o demuestre si ha tenido participación en un hecho punible”. El titular de la Corte –que pareció pasarse por alto el principio de presunción de inocencia– aseguró que Apablaza tendría allí “un debido proceso”, que estaban dadas las condiciones “de sobra”. “Los tribunales competentes y las más altas autoridades jurisdiccionales de Chile y la Argentina han declarado que procede la extradición”, insistió.
El titular del Senado, Jorge Pizarro, sostuvo que “una respuesta negativa a la extradición va a atentar contra las relaciones que tenemos con la Argentina por cuanto significaría un desconocimiento del funcionamiento pleno del Estado de Derecho en Chile”.
Pizarro se reunió ayer con el vicepresidente Julio Cobos, a quien le entregó un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara alta chilena en respaldo a la extradición.
El Ejecutivo chileno también envió ayer mismo un escrito a la Conare en el que solicitó que se le negase el asilo político y advirtió que lo consideraba un “asunto de Estado” y que no encontraba “explicación razonable alguna” para el asilo. Advirtió “que en caso de que se conceda el asilo, se afectarían los derechos legítimos de Chile”.
La Conare es un órgano interministerial del gobierno nacional del que participan el Ministerio del Interior, el de Justicia, el de Desarrollo Social, la Cancillería, el Inadi y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), este último con voz pero sin voto. Sus miembros definieron por unanimidad darle el asilo político a Apablaza en una reunión que estaba prevista hace semanas, según informó la agencia oficial Télam. El acta del encuentro es confidencial. Luego informaron a la Justicia y al abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón.
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