Por Pedro Mouratian*
Ante un nuevo aniversario del genocidio armenio, surgen cuestiones  que merecen por lo menos pensarse desde el prisma de una realidad  argentina que en los últimos años nos mostró que aún lo que se presupone  imposible resulta factible. La derogación de leyes de impunidad, el  avance de los juicios por la verdad y una enérgica política de derechos  humanos dieron el marco propicio para que la comunidad armenia en  nuestro país pudiese imaginar que sus viejos anhelos políticos de  reconocimiento del genocidio del que fuera víctima podían encontrar las  respuestas favorables que pondrían un manto de justicia ante tantos años  de impunidad. La construcción de la memoria colectiva tras la última  dictadura militar en la Argentina, basada en la búsqueda incesante de  verdad y justicia, fueron el apoyo imprescindible para los logros  obtenidos. Ese pasado del pueblo armenio y este presente argentino se  entremezclan con un componente que emerge por encima de todo: la lucha  por la dignidad y la justicia.
El pueblo argentino, de compromiso sostenido y contundente, recibió a  los armenios como exiliados y refugiados que llegaron tras sufrir el  genocidio. Es el mismo compromiso que amplios sectores de la dirigencia  política supieron manifestar en importantes declaraciones y resoluciones  en el Parlamento nacional, acompañando los reclamos de una comunidad  que se integraba y forjaba su identidad como parte de un mosaico  cultural de un país enriquecido por su diversidad.
En ese camino, y alentados por el respaldo unánime de ambas cámaras  del Congreso Nacional, se sancionó la ley 24.559 que reconocía la  existencia del genocidio armenio. Sin embargo, permeable a las presiones  políticas y priorizando intereses ajenos a la defensa de los derechos  humanos, el entonces presidente Carlos Menem vetó la ley. Diferente  había sido la posición del ex presidente Raúl Alfonsín, quien desoyó  recomendaciones diplomáticas y reconoció, en un acto en 1987 y ante la  comunidad armenia, la existencia del genocidio.
El devenir de un país que a partir de 2003 cambiaría su escala de  valores y su proyecto de construcción social le daría una dimensión  universal a la lucha por la verdad y la justicia. La condena de  cualquier genocidio y el respeto por los derechos humanos impulsó al  Consejo Nacional Armenio a promover el viejo anhelo de la sanción de la  ley, que tomó cuerpo a partir de una realidad que se construía bajo la  convicción de realizar políticamente todo lo necesario cuando de  violación de los derechos humanos se trataba. Ese modelo de país que  lideraba el presidente Néstor Kirchner era la garantía de los logros que  vendrían. Su fortaleza y coherencia residía en sostener que una nación  no puede crecer y consolidarse sobre los cimientos de la negación, el  olvido y la impunidad. Así, en enero de 2007, luego de ser aprobada por  las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, el presidente  Kirchner, con profunda generosidad política, promulgó la ley 26.199 que  declara el “24 de Abril, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto  entre los Pueblos” en homenaje a las víctimas del genocidio armenio.
En este contexto es que resultó posible que la Justicia argentina, a  través del juez federal Norberto Oyarbide, emitiese hace pocos días un  fallo histórico ante la demanda iniciada por el escribano Gregorio  Hairabedian y copatrocinado por las instituciones de la comunidad  armenia, donde declara con entidad de sentencia definitiva que “el  Estado Turco ha cometido delito de Genocidio en perjuicio del pueblo  armenio en el período comprendido entre los años 1915-1923”. Oyarbide,  en los fundamentos de la sentencia, trae a colación las expresas mandas  emergentes de la ley 26.199.
Se avecinan nuevos desafíos para los argentinos, tanto para aquellos  que pertenecemos a la comunidad armenia en el país como para toda la  sociedad, que es el reto de continuar promoviendo siempre la defensa  irrestricta de los derechos humanos, la construcción de una sociedad  inclusiva que valoriza la diversidad y lucha contra cualquier forma de  discriminación. Rescatar la memoria y exigir justicia debe ser la forma  de evocar el genocidio armenio que trasciende a su propio colectivo, y  resulta ser una estampa dolorosa para cualquier sociedad que jamás  debería repetirse. La ley 26.199 y el reciente fallo de la Justicia  argentina dan testimonio de ello.
* Coordinador de Políticas contra la Discriminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Fuente: Pagina12





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