Por Dr. Rafael Cox Alomar / Abogado
Desde el Caribe holandés soplan hoy vientos de cambio -frase invocada desde Sur África por Harold Macmillan en pleno apogeo del proceso descolonizador del imperio británico a principios de la compleja década del sesenta.
Este pasado 15 de mayo, el pueblo de Curazao acudió a las urnas para reconstituir su antigua relación político-constitucional con el Reino de Holanda. Con la participación de dos terceras partes del electorado curazoleño, el 52% de los votantes ratificó el acuerdo suscrito en diciembre del 2008 entre su liderato político y el gobierno holandés en La Haya - acuerdo conforme el cual Curazao dejará de formar parte de las Antillas Holandesas para pasar a ser una jurisdicción autónoma de status aparte asociada a la Corona holandesa.
Y mientras en Washington comienzan nuevamente las discusiones sobre nuestro status político, es importante que pasemos revista sobre las lecciones que podemos derivar del proceso político curazoleño.
Con una extensión geográfica de sólo 170 millas cuadradas (20 veces menos que Puerto Rico) y con una población de 140,000 (equivalente a la población de Caguas), Curazao fue inicialmente colonia española. Pero con la irrupción de los holandeses en aguas caribeñas a principios del siglo 17 (irrupción que se dejó sentir en Puerto Rico a raíz de la tenaz ocupación holandesa de 1625), Curazao, junto a Aruba, Bonaire, Saba, San Eustacio y la parte sur de San Martín, pasó de manos españolas a manos holandesas.
En Curazao, al igual que en Puerto Rico, el final de la Segunda Guerra Mundial creó las condiciones para la reconfiguración de su relación política con el poder colonial. Mientras aquí se establece el Estado Libre Asociado (25 de julio de 1952), en el Caribe holandés 2 años más tarde se inaugura una nueva relación de autonomía muy superior a la nuestra. El Estatuto del Reino de 1954, ratificado por los parlamentos de Holanda, Surinam y las Antillas Holandesas, le reconoció a estas últimas (como ente político federado) amplios poderes de gobierno propio y de desenvolvimiento internacional que aún hoy no existen en Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado.
A diferencia de los nacionales de las Islas Marshall, de Palau y de los Estados Federados de la Micronesia quienes no son ciudadanos americanos y cuya relación política es anulable unilateralmente por los Estados Unidos, los nacionales de las Antillas Holandesas detentan a un mismo tiempo las ciudadanías holandesa y europea, dentro de una relación enmarcada en el principio del consentimiento mutuo. (Artículo 55 del Estatuto del Reino.)
A diferencia de Puerto Rico, no les aplica indiscriminadamente toda la legislación que sale del States-General (o parlamento holandés) porque existe un mecanismo de excepción a través del cual los ministros plenipotenciarios de las Antillas pueden interponer objeciones a la aplicabilidad de legislación e inclusive de acuerdos internacionales suscritos por Holanda que vayan en detrimento de los intereses de las islas. (Artículos 12, 18 y 25.)
Conforme la relación actual, se le reconoce a las Antillas Holandesas autoridad para formar parte de organizaciones internacionales (Artículo 28) y para suscribir acuerdos internacionales consistentes con su asociación al Reino holandés (Artículo 26).
La pregunta ante la consideración de Curazao era si debía o no desvincularse políticamente de las Antillas Holandesas y asociarse por separado con Holanda (al igual que Aruba) reteniendo iguales poderes. La opción de por si era ilusoria porque ya desde el 2005 Bonaire, Saba y San Eustacio habían decidido integrarse a Holanda mientras que San Martín había optado desde entonces por la autonomía separada.
En el fondo para los curazoleños la pregunta se convirtió en una de finanzas públicas. Holanda ofreció la autonomía separada junto al pago del 80% de la deuda gubernamental de Curazao (calculada en $2.5 billones) si esta última se comprometía en lo sucesivo a no tomar prestado más del 5% de su ingreso anual, ni a gastar más de lo que ingresa ni a someter presupuestos a su legislatura que no estén balanceados.
La ratificación de estas condiciones, cuyo cumplimiento será estrictamente monitoreado desde La Haya, constituyó el punto más neurálgico de la disyuntiva curazoleña. Confrontados con una deuda pública de cerca de $16,600 por habitante, con un sistema de retiro en precario y unas necesidades de infraestructura considerables, no es de sorprenderse que los electores de Curazao decidieran allanarse a las condiciones financieras impuestas por Holanda, para de esa forma posibilitar su viabilidad financiera a pesar de la laceración que dichos controles presupuestarios presuponen para su autonomía interna.
Esa suerte de recolonización presupuestaria, negociada en privado por políticos curazoleños y holandeses en La Haya, de cierta forma pone en entredicho la legitimidad del ejercicio de libre determinación de Curazao, independientemente de las amplias libertades políticas que en otros ámbitos detenta ese pueblo en su relación con Holanda. El referéndum de Curazao fue meramente consultivo y no vinculaba al gobierno holandés toda vez que el acuerdo entre los políticos curazoleños y holandeses ya había sido legislado desde hacía 6 meses.
Aquí en Puerto Rico para que la voz del pueblo realmente cuente, las negociaciones sobre nuestro futuro político primero tienen que darse entre nosotros mismos en una Constituyente. Y de la Constituyente al Congreso a hablar con una sola voz. Solo así el Congreso se comprometerá a actuar. Lo demás es perder el tiempo. El futuro de nuestro país no puede estar sujeto a las elucubraciones en cuartos oscuros de un puñado de políticos y cabilderos a sueldo en Washington, tiene que dirimirse abierta y democráticamente.
23 de mayo de 2009 / Publicado en El Vocero
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