Colombia, Uribe y la violencia

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Por Wooldy Edson Louidor y Angélica Rocío López Granada / AlterPress

A nivel internacional, el actual gobierno colombiano recibe cada vez más críticas de otros países y organismos de derechos humanos por cometer abusos y encubrir violaciones de derechos humanos contra la población civil.

La organización Amnistía Internacional acaba de publicar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el país en 2007.

Este informe titulado Déjenos en paz: La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia, habló de 1,400 homicidios en contra de civiles en 2007, de los cuales 330 fueron perpetrados por las Fuerzas armadas, 300 por paramilitares y 260 por la guerrilla. El informe indicó también que alrededor de 305,000 personas fueron desplazadas por la violencia y 190 desaparecidas durante el 2007.

330 ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por las fuerzas de seguridad, según datos arrojados por el informe. El presidente colombiano, que en un primer momento desmintió esta cifra, acaba de destituir a 3 generales y 24 oficiales y suboficiales por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales llamadas “los falsos positivos”.

El escándalo de los falsos positivos hace referencia a la macabra complicidad entre militares y paramilitares que reclutan clandestinamente a civiles (principalmente jóvenes) o los raptan para asesinarlos durante patrullas nocturnas irregulares y luego presentar sus cadáveres como los de guerrilleros muertos en combate.

Esta estrategia constituye una manipulación para probar la eficacia de las fuerzas castrenses cuyos miembros que logran matar a guerrilleros reciben prebendas de parte del gobierno.

Esta situación de violación a los derechos humanos y de violencia contra los sindicatos y otros movimientos sociales constituye una de las principales razones que evocaron los demócratas americanos, entre ellos el recién electo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para oponerse a la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambos gobiernos desde el año 2006.

El acceso al poder del demócrata Obama, quien prometió en su campaña poner los derechos humanos en el centro de su administración, podrá cambiar las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, hay que esperar la ceremonia de investidura de este último que se prevé para el 20 de enero de 2009 y, sobre todo, la quinta Cumbre de las Américas que se celebrará en Trinidad y Tobago, del 17 al 19 de abril del próximo año, con la participación de 34 jefes de Estado y de gobierno del continente.

El futuro del Plan Colombia en el limbo

Siendo actualmente el tercer más importante beneficiario de la ayuda americana en el mundo después de Israel y Egipto, Colombia podría ver disminuir esta asistencia, de la cual alrededor de 5,000 millones de dólares son utilizados para la dotación de recursos militares, la lucha anti narcóticos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Con la crisis financiera que ocasionó una deuda nacional de 500,000 millones de dólares y un déficit fiscal de 950,000 millones de dólares en Estados Unidos de América y empujó a la administración Bush a rescatar los bancos con un paquete de 700,000 millones de dólares, el próximo gobierno americano podría reducir su soporte financiero al Plan Colombia.

El Plan Colombia fue concebido en 1999 por los presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Bill Clinton (Estados Unidos), con el objetivo principal de disminuir el tráfico de estupefacientes y resolver el conflicto armado en este país suramericano.

Dicho Plan se inició con un financiamiento americano de 1.3 billones de dólares y con otros apoyos que aportó el presidente Clinton en recursos humanos: personal militar para entrenar las fuerzas locales y especialistas civiles para apoyar las actividades de eliminación de las plantaciones de coca.

Posteriormente la administración Bush dio una ayuda masiva a Colombia en el marco de ese Plan, ya que ese país se convirtió en su principal aliado en la región que es cada vez más dominada por gobiernos socialistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba).

Considerado por algunos analistas un plan militarista, el Plan Colombia ha permitido al Gobierno de Uribe librar una despiadada guerra en contra de las Farc calificadas de “guerrilla terrorista y narco” y de la droga; guerra en la que se han utilizado métodos tales como fumigaciones con productos químicos de alta peligrosidad que han conllevado consecuencias desastrosas para la supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas.

Como otra consecuencia del mismo Plan, cientos de miles de personas, víctimas de la represión de las autoridades, de los paramilitares y de la guerrilla, han sido forzadas a dejar sus casas y sus comunidades para ir hacia otras ciudades e incluso fuera del país, principalmente hacia Ecuador y Venezuela. Los que tuvieron menos suerte fueron vilmente ejecutados y desaparecidos.

A pesar del éxito de algunas operaciones militares llevadas a cabo por el actual gobierno contra las Farc, familiares y amigos de otros rehenes en manos de esta guerrilla así como una importante parte de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional abogan cada vez más por el fin del conflicto armado y por la vuelta al diálogo como única vía de solución para un intercambio humanitario.

Recordemos que una de esas operaciones llamadas “Operación Jaque” permitió la liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, de 3 militares americanos y 11 militares y policías colombianos.

¿Hacia la reanudación del diálogo entre las Farc y el gobierno colombiano?

La operación Jaque así como el asesinato de uno de sus jefes Raúl Reyes en la frontera con Ecuador, la fuga del guerrillero “Isaza” llevando consigo al ex congresista secuestrado Óscar Tulio Lizcano y la deserción de muchos de sus integrantes han debilitado las Farc.

Por lo tanto, esta guerrilla acaba de aceptar la propuesta de un grupo de intelectuales colombianos para reanudar el diálogo que iniciaron el presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba y que fue interrumpido bruscamente por el gobierno colombiano.

Actualmente la pelota está en los pies del presidente Uribe, electo en 2002 y reelecto en 2006, que se presentará probablemente en las próximas elecciones en 2010, si gana en el próximo referendo para modificar la Constitución. El Congreso colombiano discute por el momento sobre la autorización de este referendo.

Tomado de Alainet
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