Tiempo Argentino
Por Lucia Alvarez
La estrategia incluye publicaciones en Internet para guiar a funcionarios que se excusen con la “objeción de conciencia”, escraches a los registros civiles que cumplan con la nueva ley y a los legisladores que la aprobaron.
Para algunos, la “guerra de Dios” no terminó. A pesar de la promulgación del matrimonio igualitario, organizaciones y representantes del fundamentalismo religioso no están dispuestos a bajar los brazos. Las estrategias a futuro incluyen publicaciones para guiar a los “objetores de conciencia”, seminarios de intervención política, marchas al Congreso contra “las leyes sin Dios” y a favor de la penalización del aborto, y todo un despliegue en las redes sociales donde se organizan cacerolazos, escraches a registros civiles que accedan a casar parejas y publicación de los datos de los senadores que apoyaron la medida.
Un día después de haberse aprobado el proyecto en el recinto, algunos religiosos ya evaluaban la contraofensiva. Tal como sucedió en España y otros países que implementaron el cambio en el Código Civil, el pedido de inconstitucionalidad parecía el plan más viable. Así lo habían sugerido a Tiempo Argentino el obispo auxiliar de La Plata, Nicolás Laferriere,miembro de la Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo, y el vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Sambrizzi.
Sin embargo, en las semanas siguientes, la balanza se inclinó a favor de la objeción de conciencia. “No los caso ni aunque me cueste la vida”, proclamó primero una jueza de paz de La Pampa, Marta Covella, que contó con el apoyo de la diputada Elisa Carrió. Después fue el turno de la encargada de un registro civil sanjuanino, Ángela de Herrero, hasta llegar al clímax con el jefe del registro civil de Concordia, Alberto Arias, que afirmó preferir casar al ex represor Alfredo Astiz antes que a una pareja gay. También el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, llamó a elaborar una lista con los funcionarios que no quieran cumplir con sus funciones, y el sanjuanino José Luis Gioja recibió un proyecto de ley para cubrir a los objetores.
Ahora, el movimiento Fundar, asociado a la Fundación Latina de Cultura que preside el asesor legislativo de la Conferencia Episcopal Argentina, Guillermo Cartasso, publicó en su página web una Guía de argumentos normativos en el Derecho argentino para la objeción de conciencia. Allí se citan artículos de la Constitución Nacional, legislaciones provinciales y jurisprudencias a los que pueden apelar los objetores, pero no se menciona que en el país no existe norma alguna que con carácter general habilite o prohíba el ejercicio de la objeción de conciencia. También cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el caso “Portillo”, de 1989, pero no menciona que en ese momento los magistrados exigieron “distinguir los casos en los que la objeción de conciencia no contradice otro derecho, de aquellos en los que sí hay colisión de derechos”.
Hay otros cruzados. Ayer, Roberto Castellano, presidente de la fundación Provida, difundió un comunicado titulado “Los cristianos no pueden ser obligados a actuar contra su fe”, en que denuncia la “tiranía de las minorías, aunque se disimule como ‘nuevas formas de igualdad’”, y compara “un médico que se niega a matar un bebé mediante un aborto, o que no se preste a mutilar a una persona con una operación esterilizante” con “un funcionario registral que no se preste para celebrar pseudomatrimonios”.
Olga Muñoz, la presidenta de Familias del Mundo Unidas por la Paz (Fampaz), parte de la red local del Opus Dei que organiza la “Marcha de los Escarpines”, publicó en un comunicado de prensa que “perder una batalla no es perder la guerra” y convocó a marchar hoy frente al Congreso Nacional contra la nueva ley y contra el aborto. También este comunicado miente: asegura que hay dictámenes en ambas cámaras para un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, que ni siquiera está en tratamiento.
Otra de las estrategias de los grupos religiosos es el ingreso a las redes sociales. En Facebook, Argentinos por los Chicos, una organización que se presenta como de “civiles autoconvocados” pero cuyos principales referentes son Alejandro Taussig, de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, que pidió la anulación del primer matrimonio gay, y Gastón Bruno, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias e Instituciones Cristianas Evangélicas, publicó en su muro: “Sepan que estamos coordinando muchas acciones para seguir apoyando a la familia. Manténganse alerta y en contacto.”
En esa página hay llamados a cacerolear, a votar en las encuestas de los medios nacionales y a promover una solicitud de veto al vicepresidente Julio Cobos. En otros grupos, los planes varían entre publicar el teléfono de senadores como Marina Riofrío, ausente en el debate por acompañar a la presidenta en su viaje a China, y organizar escraches en los registros civiles.
La estrategia incluye publicaciones en Internet para guiar a funcionarios que se excusen con la “objeción de conciencia”, escraches a los registros civiles que cumplan con la nueva ley y a los legisladores que la aprobaron.
Para algunos, la “guerra de Dios” no terminó. A pesar de la promulgación del matrimonio igualitario, organizaciones y representantes del fundamentalismo religioso no están dispuestos a bajar los brazos. Las estrategias a futuro incluyen publicaciones para guiar a los “objetores de conciencia”, seminarios de intervención política, marchas al Congreso contra “las leyes sin Dios” y a favor de la penalización del aborto, y todo un despliegue en las redes sociales donde se organizan cacerolazos, escraches a registros civiles que accedan a casar parejas y publicación de los datos de los senadores que apoyaron la medida.
Un día después de haberse aprobado el proyecto en el recinto, algunos religiosos ya evaluaban la contraofensiva. Tal como sucedió en España y otros países que implementaron el cambio en el Código Civil, el pedido de inconstitucionalidad parecía el plan más viable. Así lo habían sugerido a Tiempo Argentino el obispo auxiliar de La Plata, Nicolás Laferriere,miembro de la Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo, y el vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Sambrizzi.
Sin embargo, en las semanas siguientes, la balanza se inclinó a favor de la objeción de conciencia. “No los caso ni aunque me cueste la vida”, proclamó primero una jueza de paz de La Pampa, Marta Covella, que contó con el apoyo de la diputada Elisa Carrió. Después fue el turno de la encargada de un registro civil sanjuanino, Ángela de Herrero, hasta llegar al clímax con el jefe del registro civil de Concordia, Alberto Arias, que afirmó preferir casar al ex represor Alfredo Astiz antes que a una pareja gay. También el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, llamó a elaborar una lista con los funcionarios que no quieran cumplir con sus funciones, y el sanjuanino José Luis Gioja recibió un proyecto de ley para cubrir a los objetores.
Ahora, el movimiento Fundar, asociado a la Fundación Latina de Cultura que preside el asesor legislativo de la Conferencia Episcopal Argentina, Guillermo Cartasso, publicó en su página web una Guía de argumentos normativos en el Derecho argentino para la objeción de conciencia. Allí se citan artículos de la Constitución Nacional, legislaciones provinciales y jurisprudencias a los que pueden apelar los objetores, pero no se menciona que en el país no existe norma alguna que con carácter general habilite o prohíba el ejercicio de la objeción de conciencia. También cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el caso “Portillo”, de 1989, pero no menciona que en ese momento los magistrados exigieron “distinguir los casos en los que la objeción de conciencia no contradice otro derecho, de aquellos en los que sí hay colisión de derechos”.
Hay otros cruzados. Ayer, Roberto Castellano, presidente de la fundación Provida, difundió un comunicado titulado “Los cristianos no pueden ser obligados a actuar contra su fe”, en que denuncia la “tiranía de las minorías, aunque se disimule como ‘nuevas formas de igualdad’”, y compara “un médico que se niega a matar un bebé mediante un aborto, o que no se preste a mutilar a una persona con una operación esterilizante” con “un funcionario registral que no se preste para celebrar pseudomatrimonios”.
Olga Muñoz, la presidenta de Familias del Mundo Unidas por la Paz (Fampaz), parte de la red local del Opus Dei que organiza la “Marcha de los Escarpines”, publicó en un comunicado de prensa que “perder una batalla no es perder la guerra” y convocó a marchar hoy frente al Congreso Nacional contra la nueva ley y contra el aborto. También este comunicado miente: asegura que hay dictámenes en ambas cámaras para un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, que ni siquiera está en tratamiento.
Otra de las estrategias de los grupos religiosos es el ingreso a las redes sociales. En Facebook, Argentinos por los Chicos, una organización que se presenta como de “civiles autoconvocados” pero cuyos principales referentes son Alejandro Taussig, de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, que pidió la anulación del primer matrimonio gay, y Gastón Bruno, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias e Instituciones Cristianas Evangélicas, publicó en su muro: “Sepan que estamos coordinando muchas acciones para seguir apoyando a la familia. Manténganse alerta y en contacto.”
En esa página hay llamados a cacerolear, a votar en las encuestas de los medios nacionales y a promover una solicitud de veto al vicepresidente Julio Cobos. En otros grupos, los planes varían entre publicar el teléfono de senadores como Marina Riofrío, ausente en el debate por acompañar a la presidenta en su viaje a China, y organizar escraches en los registros civiles.
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