Por Salvador Tió / Escritor puertorriqueño
En solo 8 meses de gobierno esta Administración del Gobernador Fortuño y sus correligionarios en la Asamblea Legislativa han dado señas de una inquebrantable vocación para la mordaza y la censura. Han logrado que el New York Times, normalmente tímidos en cuanto a reportar sobre asuntos de Puerto Rico, recoge en el artículo que les acompaño las declaraciones de reconocid@s escritor@s de Puerto Rico expresando su justificado rechazo a esta política intolerable de este gobierno. Ahora le toca a LA LITERATURA ser objeto de censura; pero hemos visto reiterados intentos de silenciar la oposición, la disidencia y la libertad de expresión en Puerto Rico.
Nuestra Constitución y la Constitución de los Estados Unidos tienen textos afines en los que se destaca la prohibición de políticas cuyo efecto e intención sea intervenir con esa libertad esencial. No puede haber un sistema democrático allí donde se pretende amordazar la libertad de expresar ideas, críticas, señalamientos, denuncias y cuestionamientos a toda idea o propuesta que afecte la vida y el desarrollo de los puertorriqueños.. La orden del Departamento de Educación de establecer un índice de textos prohibidos es la última en una serie de medidas adoptadas con el propósito de imponer una visión fundamentalista, autoritaria y contraria a las aspiraciones de la inmensa mayoría de los puertorriqueños.
El primer acto de censura de este gobierno fue el nombramiento y confirmación de tres jueces del Tribunal Supremo un domingo por la tarde en lo que solo puede entenderse como un golpe de estado a la Constitución. Es nuestro más alto tribunal el árbitro definitivo sobre el alcance de lo que significan los derechos y libertades civiles que hemos consagrado en nuestra Carta de Derechos.
Ahora podemos mejor entender la confirmación festinada de estos tres jueces del Supremo en una tarde de un domingo. De esta manera impidieron que el pueblo de Puerto Rico conociese quienes eran los nominados. La prensa y demás medios quedaron así excluidos de participación en el proceso de evaluación de ellos. Este es un claro intento, en este caso exitoso, de amordazar la opinión pública y negarle al pueblo información vital sobre los que interpretarán el alcance de derechos que ninguna elección puede soslayar o menoscabar. Fue un acto dictatorial por parte del Presidente del Senado y del Gobernador.
El segundo acto de censura de graves consecuencias ha sido la amenaza de eliminar el requisito de colegiación de los abogados de Puerto Rico. Una democracia verdadera necesita y se nutre de la existencia de organizaciones de la sociedad civil cuya vigorosa participación en el debate público pueda garantizar el acceso a la diversidad de opiniones sobre asuntos de importancia para la ciudadanía. La existencia y continua viabilidad de estas organizaciones no es mera conveniencia decorativa. Es elemento esencial de una democracia verdadera.
El ataque frontal contra la más antigua y activa de las organizaciones de la sociedad civil es un intento de amordazar y silenciar la expresión de opiniones y planteamientos de la ciudadanía sobre las más diversas iniciativas del gobierno y sobre las políticas que se proponen en nuestra vida pública. No es un asunto que solo atañe a los abogados. Es un asunto de primera prioridad del pueblo entero preservar la independencia y libertad de criterio de la sociedad civil. Por ello el Colegio de Abogados y su continuada existencia en libertad debe ser bandera de lucha de todos los puertorriqueños.
La tercera vertiente de este espíritu dictatorial es la intolerancia reflejada por el Presidente del Senado de Puerto Rico al silenciar a los senadores de la oposición apagando los micrófonos en el hemiciclo del Senado con el propósito de silenciar el debate y coartar el derecho a la libertad de expresión de los cientos de miles de puertorriqueños que los eligieron para que ellos fueran los representantes de sus inquietudes, aspiraciones y convicciones sobre la política, la economía, la cultura, la salud y la educación de los puertorriqueños.
Nunca habíamos presenciado en la historia del Puerto Rico moderno una voluntad dictatorial tan manifiesta. Silenciar a los representantes electos de un pueblo bajo amenazas de todo tipo es un acto inconstitucional temerario por definición que solo puede entenderse por la implícita confianza del Presidente del Senado en la subordinación de los nuevos jueces del Supremo a esta estrategia anticonstitucional.
La cuarta modalidad que esta obsesión con la censura y la mordaza de todos los que no compartan el ideario fascista de sus proponentes es la imposición de un índice de obras literarias que son rechazadas no por su valor literario; sino porque ayudan a nuestros estudiantes a entrar en contacto con su sociedad y promueven el pensamiento crítico sobre nuestra realidad social, cultural y política.
El Sr. Chardón y sus colegas del Poder Ejecutivo han optado por la quema de libros sin fuego que esta orden del DE representa. Excluir a Jose Luis González, Edgardo Rodríguez Julia, Carlos Fuentes, José Luis Vega y Juan Antonio Ramos es un intento de borrar la historia de la literatura puertorriqueña y latinoamericana. Esta soberana arbitrariedad es reflejo de intentos similares que hemos visto en los EEUU cuando se ha intentado prohibir libros de Mark Twain, J.D. Salinger, Tenessee Williams. Nos remonta a los días de la intolerancia religiosa de la Inquisición y la prohibición de textos de Cervantes, Balzac, Baudelaire, de Sade, Zolá y Victor Hugo prohibidos por la Iglesia Católica por razones igualmente inaceptables.
Los escritores, abogados, legisladores, periodistas y educadores puertorriqueños no son los únicos afectados por estas políticas de corte dictatorial que ya constituyen un perfil de intolerancia por la diversidad de ideas, estilos y creencias que definen esta administración de Fortuño. Las medidas de censura y mordaza que pretenden imponernos a la larga solo servirán para que el pueblo tome conciencia de sus libertades conculcadas.
La elevación de estos derechos y libertades civiles a rango constitucional no fue el comienzo de estas aspiraciones de libertad de los pueblos. Fue el resultado de siglos de lucha por liberar a la humanidad de la arbitrariedad, la intolerancia política y religiosa y la imposición del poder totalitario de los estados y sus ejércitos. Los que han luchado por generaciones por la defensa de esos derechos y libertades fundamentales saben que no basta con elevarlos a rango constitucional. Cada generación tiene la responsabilidad de defenderlos, cultivarlos y hacerlos valer.
Hoy nos toca a nosotros estar a la altura de nuestros antepasados que nos legaron el producto de sus luchas emancipadoras. No es a los abogados, legisladores, periodistas, educadores y dirigentes sociales que les toca defender las libertades con carácter de exclusividad. La Libertad nos atañe a todos y a todos nos toca defenderla. Organizarnos contra la censura, la dictadura y la intolerancia ha de ser bandera de lucha de todos. Unidos venceremos.
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