Por Robinson Salazar Pérez / Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México
América Latina desde los años sesenta ha soportado los experimentos y aplicaciones de políticas hegemónica que los Estados Unidos instrumenta para defender sus intereses, blindar sus fronteras para evitar que los acontecimientos de nuestros pueblos incidan en su territorio, controlar los flujos migratorios, apoyar los inversores norteamericanos y fomentar el miedo en los lugares donde nacen focos de resistencia a la política del despojo; a su vez imponen una política de sometimiento férrea para domesticar a los gobiernos, privatizar los recursos naturales, apropiarse de las riquezas que producen los países latinoamericanos y desvertebrar las luchas populares de esta parte del continente.
La primera estrategia militar instrumentada en la desestructuración de los movimientos populares entre los años 1960-1970, fue la golpista, apoyados en la organización castrense nacional dependiente de la asistencia económica, logística e instrucción de los centros de apoyos que suministraban los recursos necesarios, asimismo los organismos internacionales guardaban vínculo estrecho con el Departamento de Estado Norteamericano, la Central de Inteligencia –CIA- y el Pentágono con la intención de cerrar pinzas sobre el país a atacar. A su vez, abrieron un zaguán informativo y de inteligencia militar para que los organismos de Estado de Norteamérica, acopiaran información, elaboraran parte de la política exterior hacia las naciones del sur y sometiera la política de los gobiernos latinoamericanos a las prioridades del coloso del norte.
La revolución cubana en 1959 fue el pretexto que enarbolaron para desatar la militarización creciente en nuestras naciones, bajo la bandera del virus rojo, el castrocomunismo, el interés de la URSS en la región y la proliferación de las guerrillas. Este ramillete de argumentos desató la primera guerra de exterminio por todo el subcontinente, a pesar de que no existía, por las condiciones reales de existencia en la población por las incipientes estructuras políticas y el trabajo organizativo débil para una insurrección, no contaban tampoco con organicidad radial propia por la dispersión de las fuerzas que anulaban la posibilidad de cambio revolucionario, lo sucedido en Cuba tenía ingredientes genéricos y muy específicos de la isla, no era una circunstancia repetible ni cabía la clonación para las otras naciones.
El interés invisible de la primera acción intervencionista militar a través de los golpes castrenses fue el de aniquilar la incipiente organicidad que venía constituyéndose en los sindicatos, descabezar los nacientes movimientos comunitarios y proscribir a los partidos de izquierda, llámese comunista o socialista. La fortaleza industrial de países como Argentina y Brasil fue objetivo a desmantelar, destruyendo las iniciativas que los gobiernos nacionalistas habían heredado a su pueblo; las minas de Chile, Bolivia y Colombia fueron punto de atención para desaparecer los sindicatos mineros y desalojar las ideas nacionalistas que en ellos gravitaban. La cintura centroamericana, repúblicas que surtían el mercado norteamericano y centro de inversión en productos agrícolas, fue presa de “coronelazos” que se sentaron en el poder para garantizar las propiedades de las compañías norteamericanas.
El predominio económico, el fortalecimiento de la dependencia industrial y militar y la apertura de los mercados de manera inmisericorde para la inversión extranjera, principalmente norteamericana, fue el principio básico que orientó la política hegemónica de los Estados Unidos en la región.
Aun así, bajo ese estado de terror, los movimientos populares y las organizaciones de izquierda persistieron en su lucha y de la guerrilla sembrada (A) inducida y sin un trabajo previo de organicidad y logística militar, se pasó a la guerrilla creciente (B) donde esta segunda etapa trazó puentes dialoguistas entre sindicatos-partidos de izquierda, movimientos campesinos-estudiantes.
Ante la recomposición de los movimientos insurgentes y la combinación de todas las formas de lucha, pero con énfasis en dos ejes: la movilización popular y la lucha armada, la estrategia norteamericana mutó y se situó en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), cuyas coordenadas de la represión giraron en: desestabilizar gobiernos no afines a su política hemisférica, desindustrializar a los países que habían iniciado una tendencia de organización de las economías nacionales, re-direccionó el uso de los medios masivos de comunicación en tareas desinformativas para boicotear gobiernos mediante acontecimientos guardados en el silencio, noticias descontextualizadas, estigmatizaciones, criminalizaciones sensacionalistas que encubrían la saña de los militares contra el pueblo.
En ese tenor las tareas de espionaje tomaron mayor relevancia para secuestrar, eliminar o desaparecer líderes populares, pero ante todo identificar como países problemas a todos aquellos con recursos estratégicos que garantizaran la reproducción del sistema imperial capitalista norteamericano: petróleo, minerales, recursos naturales estratégicos y genuflexión por parte de los gobernantes para modificar leyes y garantizar la inversión foránea.
La DSN coincidió con dos factores importantes: La crisis del petróleo y la configuración de la Trilateral en 1973, donde los países potencia, bajo la égida norteamericana definían el rumbo del capitalismo y la guerra frontal contra la alternativa del campo socialista.
Con la estrategia de DSN se abrió el capítulo de guerra psicológica (psicosocial-Miedo), cuyo núcleo era sembrar el miedo y terror en la ciudadana; la oposición frontal ante todo indicio de reforma o gobiernos nacionalista, acotación en todos los espacios de maniobra del Estado, la imposición de la ideología del libre mercado y la extensión de la ideología del terror y grupos paramilitares en varias esferas de la sociedad, para que desempeñaran la labor sucia que el ejército no quería maniobrar, como eran las desapariciones de líderes comunitarios, sindicales y estudiantiles, profilaxis social, secuestros y atentados, grupos de delación y falsos positivos. Es necesario resaltar que la mejor ilustración empírica de la aplicación de la guerra psicológica es Colombia, quien se ha convertido en pionera para ejecutar al pie de la letra los planes represivos en Latinoamérica.
La institucionalización de la represión gubernamental, entiéndase pre-militar, en Colombia se inició en 1965, con la gestión del presidente Guillermo León Valencia, tras la expedición del decreto legislativo número 3398, «por el cual se organiza la defensa nacional», de carácter transitorio después adoptado como legislación permanente. En ese decreto fueron creados los grupos de autodefensas, desde entonces arma gubernamental y de los grandes terratenientes de ese país para desatar la ola de violencia que todavía hoy soporta el pueblo colombiano, a la cual se sumó como elemento fundamental la organización de grupos armados de narcotraficantes y contraguerrillas que son parte de la guerra en el país sudamericano (1).
El punto central de la guerra psicológica-Miedo consistía en detener la propaganda devenida de la extinta Unión Soviética, China, Albania, Vietnam y Cuba; fomentar los valores cristianos y religiosos en comunidades pobres y rurales para desterrar la ideología de las clases sociales y la insurrección armada, infiltrar clandestinamente los órganos colegiados de gobierno, universidades, sindicatos y partidos políticos para detectar los agentes antigubernamentales o simpatizantes de ideologías extranjeras contrarias a los intereses norteamericanos; involucrarse en las huelgas, marchas y paros cívicos y provocar desordenes, y tener pretextos para imponer un Estado de Excepción o ley marcial y finalmente, promover un nacionalismo exacerbado para limitar ideológicamente las ideas de izquierda que provenían de otros países, puesto que sembraba el odio y el rencor en la población al señalarse al promotor de la insubordinación como agente antinacionalista que buscaba destruir al país, todo esto dio origen a la política de delación que hoy existe.
La DSN arrojó un saldo de contraguerrilla y ejércitos mercenarios en Centroamérica, paramilitarización en Colombia, golpes de Estado en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú, cadena de hombres y mujeres desaparecidos, liquidación de fábricas, despojo inmisericorde de tierras en el campo agentes privados y sicariato, críticas a los gobiernos por el endeudamiento y exigencias internacionales con relación a moldear la política económica, ajustar el gasto, desregular los mercados e imponer restricciones en la aplicación de las políticas públicas y finanzas.
Para proseguir el exterminio de toda oposición, la Guerra de Baja Intensidad (GBI) fue la prolongación de la represión de la Seguridad Nacional pero con mayor énfasis en la parte ideológica y en la intromisión norteamericana como factor indispensable para apaciguar la inestabilidad política de un país latinoamericano. Los componentes de esta «nueva estrategia» eran Contrainsurgencia: derrotar movimientos de rebelión popular. Reversión: derrocar gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses y Prevención: ayudar a gobiernos aliados de Estados Unidos a evitar su desestabilización.
La GBI eximió de toda atadura jurídica y de trámite ante los Congresos la intervención estadounidense en los asuntos internos de América Latina; incluso, justificó por parte de los gobiernos en turno como necesaria y legal su presencia para contener los conflictos internos. Aunque en la letra el significado de baja intensidad alude el uso limitado de la fuerza para someter al adversario, cabe también la posibilidad, que en caso de recrudecimiento del conflicto, se pase a una guerra de mediana intensidad, donde se emplearían mayores recursos logísticos y militares. El escenario de la GBI es amplio, abarcativo y atalayador, buscando a toda costa que no quedara nada fuera del circulo represivo, de ahí que asociaran con la GBI las situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz armada, conflictos militares perentorios, antiterrorismo, antisubversión, conflictos internos, guerra de guerrillas, insurrecciones, guerras civiles, guerra irregular o no convencional, guerra encubierta, guerra psicológica, operaciones paramilitares, operaciones especiales e invasión con objetivo específico.
El límite de la GBI se advierte cuando el conflicto es mayor y rebasa las proporciones del armamento convencional y exige el uso de una fuerza mayor. Se pasa de la GBI a la declaración formal de guerra entre dos naciones y/o cuando se emplean masivamente fuerzas de intervención militar convencionales. Éste fue el caso de la intervención militar estadounidense en Irak, al transformarse la operación Escudo del Desierto en Tormenta del Desierto. En Centroamérica, la GBI sigue funcionando, sólo que bajo reglas distintas a la década ochenta, pero con mayor peso en lo ideológico policial.
El éxito parcial de la GBI en Centroamérica se debió a la complicidad histórica, porque al caer el Muro de Berlín y la descomposición de la URSS coadyuvó a favor de los intereses norteamericanos y dio apertura de los procesos de pacificación y desarme en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Guerra preventiva: estrategia para sembrar miedos: Desde las postrimerías del Siglo XX la guerra de Irak, la estrategia afinada por los Halcones del Pentágono de militarizar el mundo para garantizar la perdurabilidad del capitalismo financiero y mantener el neocolonialismo en los países latinoamericanos, la guerra preventiva y la instauración del Estado policial en varios países del mundo, el miedo obtuvo el espacio privilegiado en la política y como nube de ambientación se cargo de suficientes dispositivos de poder y se posesionó de las subjetividades colectivas de la gran mayoría de los ciudadanos subordinados.
Para la década de los noventa la GBI pasó a otro orden de operatividad y manejo logístico conducente hacia un perfeccionamiento del control social. La invisibilización de manifestaciones en plano militar, salvo si la ocasión y el nivel de conflictividad era riesgoso; sólo priorizarían la inteligencia y la manipulación mediática con el juego del terrorismo y la seguridad.
Las nuevas respuestas de los Estados Unidos al escenario naciente latinoamericano fue aplicar los dispositivos de poder para una guerra sutil pero efectiva, donde los medios de comunicación, con mayor énfasis la televisión y el Internet, desempeñaran un papel importante para desmentalizar a los jóvenes, desestructurar los imaginarios sociales e imponer un nuevo cuadro de subjetividades colectivas, donde el predominio del tiempo instantáneo, lo impronta, la resistencia a vivir procesos y la inclinación por desistir a construir el futuro basado en inversión de ideas, tiempo, trabajo colectivo y redes asociativas fuese el tipo ideal a construir. Con este esquema configuraba un ciudadano mediático, insular, fragmentado de toda red asociativa y con rupturas severas en el eje conectivo del tiempo, donde el pasado no tenía ninguna significancia en su vida y el futuro era un referente lejano, por lo que el presente se perpetuaba y prolongaba.
Paralelamente y como pieza complementaria de la estrategia global, se instrumentó el Plan B de contingencia que consistía en la activación de los conectores del poder que condujeran hacia la constitución de un Estado Policial que vigilara, mediante el uso de la electrónica, los vínculos entre los gobiernos y el incremento de ejércitos privados para eliminar todo intento desestabilizador; Los acuerdos intergubernamentales permitieron armar bancos de datos, transferir información, enlazar policías para atender casos de flujos de migrantes, pandillas y movimientos populares e indígenas que van más allá de las fronteras nacionales, dar seguimiento a sucesos delictivos y políticos ajenos a los intereses privados y ante todo, prestar asesoría para desestructurar los movimientos antisitémicos, como lo hace Colombia en Paraguay y el área centroamericana.
Después de Colombia, Centroamérica es la región de experimentación mas activa en probar el Plan B o Estado Policial (EP), Naomi Klein le denomina Democracia Big Brother, cuyo objetivo central es llevar la GBI hacia la ciudadanía, eliminar los derechos políticos, recortar los derechos sociales, anular las políticas públicas, acotar los espacios de maniobra para defender sus derechos y conquistas laborales, reformar las leyes, criminalizar las protestas en las calles y confinarle en un rincón en donde tenga un estatus de indefensión absoluta.
El Estado policial cuenta con un holograma que grafica subjetivamente al enemigo: la lucha contra el terrorismo, El populismo radical, el crimen organizado y Tráfico de drogas y los enemigos del orden global.
Estado policial y el miedo
El recurso ideológico del EP es el miedo, que busca, y ha logrado hasta ahora, sembrar la incertidumbre como una estrategia constructora de escenarios de riesgo insertados en la subjetividad de los colectivos humanos. El objetivo es alterar los estados de ánimo en las personas que conduzcan a desordenarle las coordenadas que dan estabilidad a la vida cotidiana, puesto que la angustia, el temor y la sensación de estar en peligro los lleva a estados depresivos y de angustia colectiva. Además, el miedo insulariza a las personas, las confina al espacio privado o intimo y re-aparece como garantía de la vida dado que por miedo a los males el futuro se anticipa y entra aislacionismo permanente y concede todas las facultades al estado para conservar la seguridad necesaria para reproducirse socialmente y obtener la preservación de la vida y la felicidad.
Ahora bien, la estrategia de fracturar a la sociedad, de insularizarla y dejarla como archipiélago humano, no es descabellada porque puede rendirle frutos tempranos a los apetitos de los empresarios y políticos sometidos al gran capital. Si el aislamiento prolongado conlleva a la perdida concomitante de seguridad personal y reducción de las capacidades afectivas, entonces provoca en la sociedad la sensación de autismo social, nadie se interesa por el otro y afloran las estrategias de sobrevivencia personales o individuales, alejándose de toda posibilidad de ejecutar alguna acción colectiva; lo otro que puede sumarse es el atrofiamiento de las capacidades de concentración, memoria y vigilancia.
Lo reseñado puede derivar en disturbios mentales y/o psicológicos que incrementen los suicidios o, por otro lado, que el confinamiento atrofie la fortaleza cognitiva y lo deje sin posibilidad de enfrentar situaciones complejas de emergencia, pierda habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana y se aleje de buscar innovaciones o alternativas en la resolución de circunstancias adversas en su vida.
Con el miedo los gobiernos de derecha y el depredador neoliberalismo tienen la intención de redireccionar la mirada y las vidas de los seres humanos, principalmente los desposeídos, hacia un solo sentido, donde el camino sea irreversible y no haya la oportunidad de ser re-pensado porque ya está trazado y no hay alternativa paralela.
Inculcan en las subjetividades la inexistencia del futuro, porque este está ligado a la duración de la vida y no trasciende después de la muerte en el individuo, de ahí que el presente se perpetúa en la agonía, se prolonga en las necesidades y se contrae al pensarlo. Es una estrategia para que el presente sea encapsulado y el futuro corto e insignificante.
La otra pieza discursiva es el uso del terrorismo como un enemigo impredecible, invisible y súbito lo posiciona en el subconsciente colectivo como algo que desconocemos, que jamás lo vamos a controlar y que está siempre presente en nuestras vidas, provocando un estado persecutorio permanente en nuestras vidas. Ya no controlamos nuestro espacio particular privado, necesitamos de la protección de un salvador, un guerrero o un Estado que sepa usar la fuerza, la autoridad y los recursos necesarios para eliminar al enemigo imaginario, a costa de perder o permitir la invasión en nuestra vida privada.
Así se auto-representa el EP, y con la amenaza del terrorismo ha encarcelado a la sociedad, limitándola a atrincherarse en su individualismo, a temer de los semejantes, a ver al otro como potencial agresor, a vivir con la incertidumbre pegada a la vida y alejada de toda posibilidad de hacer vida comunitaria, porque cada vez que lo hace, el riesgo aumenta. La fragmentación, el alejamiento de los espacios públicos de deliberación y convivencia, la necesidad de estar ligados a la televisión para recibir la información visual permanente y mantenerse preocupado por contratar un seguro, compañías de seguridad personal, etc., son los síntomas de una sociedad enferma que se dejó impregnar por el virus del terrorismo mítico.
Ahora bien, no sólo por razones políticas y económicas el Estado Policial busca, para legitimar el uso de la fuerza e invadir la privacidad de las personas, encontrar culpables –aunque sean ficticios o ajenos a las acciones que se les imputan-, sino también por un recurso defensivo orientado a reducir la tensión que produce pensar algo terrible, lesivo de nuestra seguridad y nuestras vida; el Estado (2) como agente que intenta demostrar que controla y proporciona certidumbre, en esta contienda antiterrorista, en coyunturas propicias hace visible al enemigo, aunque esa visibilidad no está ligada al control o la destrucción absoluta de enemigo, sino como un elemento distractor que lo habilita como un ente capaz de atacar, imponer leyes, recortar las garantías constitucionales, etc., en favor de la seguridad.
La lucha contra el crimen organizado y miedo es el eje ideológico; reformas en el ámbito judicial para hacer las aprehensiones más efectivas y sin mediar proceso para demostrar la falta imputada, son parte del eje represivo; hostigamiento, intervenciones de líneas de comunicación (Telefónica, internet o grabaciones ilegales) son los componentes del eje coactivo y despidos laborales sin justificación alguna y ordenes de aprehensión por participar en protestas callejeras o desobediencias civiles, conforman eje coercitivo; las cuatro bielas estructuran el cuadrante de la nueva GBI contra la ciudadanía.
Riesgos del postmiedo en Colombia
Colombia desde 1997 a la fecha está convertida en la plataforma hostigadora para todos los movimientos y gobiernos que intentan salir del círculo de dominio norteamericano, asimismo empresa bélica que surte a países del continente de material humano capacitado en labores de espionaje, sicariato, paramilitarismo, profilaxis social, infiltraciones comunitarias y vínculos de redes de ilicitud del narcotráfico con militares, de ahí que existan acuerdos y presencia de exterminadores en Honduras, El Salvador, Paraguay, Perú y Costa Rica, y en otros países de la región están presente sin acuerdo de gobierno pero bajo custodia de empresarios y complicidades de agentes gubernamentales locales, como en México, Guatemala, en la zona limítrofe de Venezuela y Argentina.
El Plan Colombia, las bases militares recién aprobadas que instalaran una sofisticado equipo de comunicación digital-satelital, acompañado por asesoría de empresas que prestan el servicios de ejércitos privados, brindaran la oportunidad a los gobernantes colombianos para provocar, apoyar, intervenir en los asuntos de los países vecinos, algunos bajo pretexto del fabuloso contenido del computador de Raúl Reyes y otras veces bajo la argumentación falaz de incursiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- en territorio fronterizo, secuestros o atentados que en la mayoría de las veces son cometidos por el gobierno en turno y lo adjudica a los alzados en armas. Es una práctica añeja en la clase gobernante del país andino.
Indudablemente que toda acción militar que desarrolle Colombia contra los países colindantes cuenta con el aval de la administración Clinton, dado que Obama sólo cumple lo que ordena el matrimonio tras el poder, dado que los conservadores no lo aceptan como presidente y es tolerado por los oficios de los Clinton que son la mediación entre gobierno norteamericano y poder militar y financiero.
Los arreglos entre gobiernos (Estados Unidos y Colombia) va más allá de lo formal, hay implicaciones de lo que discursivamente combaten, el trafico de drogas y lavado de dinero. Los empresarios que en la administración de Álvaro Uribe fueron detenidos por narcotráfico y blanqueo de fortunas, al igual que capos de la droga que protegía el gobierno colombiano no son juzgados ni condenados con largas penas como lo hacen con otros apresados, sino que en menos de un año se declaran Testigos Protegidos, cambian de identidad, obtienen residencia en Estados Unidos u otro país y revelan a los norteamericanos las fuentes y redes del trafico de drogas, negocio en el que cada día los agentes norteamericanos tienen mayor participación y jugosas ganancias.
Internamente en Colombia se impuso un régimen de terror bajo la administración Uribe, la Seguridad Democrática se transformó en securitización de la vida cotidiana, donde el gobierno vigiló, controló, persiguió y exterminó a todo aquel que consideraba enemigo de la nación, del régimen y del proyecto de gobierno, de ahí que sindicalistas, intelectuales, líderes comunitarios, profesores de zonas marginadas, gestores sociales, miembros de redes solidarias, comunidades en resistencia y militantes de izquierda fueron desapareciendo hasta dejar un ambiente umbrío, alejado de las reciprocidades, temeroso de la delación que se convirtió en fuente de ingreso para muchos desempleados que abusaron de esa práctica sin importarle la vida del señalado, las familias fueron confinándose al espacio público y los espacios públicos fueron convertidos en lugares mudos, ausentes, carente de dialogo y estigmatizados como peligrosos.
La política paso de lo colectivo y plural a lo singular; la persona, su sonrisa, los favores de la televisión, la parafernalia en los actos públicos y la venta de un mundo inexistente a través del discurso oficial que impuso la norma tácita (quien no la cumplía era perseguido o exterminado) que la globalización es oportunidad, el neoliberalismo es sinónimo de calidad y competitividad y los tratado comerciales ventajosos para consumir lo mejor y más barato, cargó la subjetividad colectiva de los colombianos y abrumó sus esperanzas hasta llevaros a niéveles de esquizofrenia política que obnubiló las mentes y bajo el delirio mediático destacaban valores, virtudes, fuerza y capacidad del presidente Uribe; cegados estaban ante la ola privatizadora, la pulverización de los derechos laborales, el golpe de timón que dio a la educación hasta convertirla en capacitación laboral y ajena a la búsqueda de hallazgos científicos; nutrió a los buitres que comían en su mesa e invitó a numerosas empresas a invertir en el país sin importarle la contaminación y destrucción de reservas ecológicas, de aguas y cambios de cultivos que impactaban de manera drástica en las comunidades locales y regionales.
Los fraudes, desfalcos, desvíos de recursos, desatención de demandas de los pueblos y comunidades, la carencia de servicios básicos y el flujo de desplazados por la guerra interna llegó a 4 millones de personas que perdieron su lugar, propiedades, abandonaron sus tradiciones, costumbres, reciprocidades y tramas sociales que día tras días tenia con sus congéneres. Nada de esas exigüidades y destrozos transitaban por los medios de comunicación ni por la televisión, principales aliados de Uribe.La uribización ideológica cargaba de sentido el ambiente político y cultural de Colombia.
Al final de su administración, la colcha de retazos ideológicos no alcanzaba para tapar tanta ineptitud, robos, tráficos de influencias, despojos y muertes; dos administraciones apagaban la flama de pebetero que los norteamericanos habían colocado en Colombia para alumbrar invitar a la obra mayúscula de sadismo y sin pudor: uribelandia, un episodio largo imitando la obra de Donatien Alphonse François, pero fue la paga que dio un testigo protegido No 82 desde 1991, cuando fue senador y colaborador de Pablo Escobar, lo afirma el documento de la Central de Inteligencia Americana-CIA-.
Indudablemente, la euforia, el carnaval de dinero en los medios y la fanfarronería de que acabaría con la insurgencia en Colombia embriagaron las expectativas de los ciudadanos, cada día eran cifras que adornaban los noticieros de guerrilleros caídos, decían que eran menos de 8 mil los alzados en armas, los muertos superaban los 30 mil y aun mantenían el tenor discursivo, las cuentas no cuadraban. El fenómeno Chávez en Venezuela sirvió de pretexto para ampliar el radio de acción bélico, la represión abrió el compas de acción y los resultados eran los mismos, se acercaba el fin de la era Uribe.
Es claro para los especialistas en ciencias sociales, que el miedo atemoriza, confina a un espacio reducido al hombre y mujer hasta arrinconarlo en un estadio de parálisis, inmovilidad y con la capacidad dialógica atrofiada, porque ve en el otro un potencial agresor y el mundo exterior lo percibe como adverso a sus intereses.
En este estado catatónico relacional, las redes sociales no importan, las reciprocidades desaparecen lentamente y nos induce a un estadio de autismo social, que al permanecer por largo tiempo, nos impide ver donde se fraguan u ordenan las construcciones políticas novedosas que puedan negar la adversidad existente, entre ellas las acciones colectivas de algunos movimientos sociales, la guerra de posiciones, las aperturas de arcos convergentes, los núcleos de subjetividades de rupturas, los avances de la oposición armada, las acciones de intercambio humanitario, las comunidades de base y las voluntades populares en disposición movimientista.
Justo ahí aparece el quiebre de la tendencia silenciosa de la política instaurada por Uribe, la imposibilidad jurídica que la Corte Suprema de Justicia emite contra la re-elección toma por sorpresa a los electores que no habían oteado un Plan B ni una construcción política distinta a la difundida por el gobernante en turno y, ante monumental oquedad, el personaje osado, Antanas Mockus, con discurso vacío, con énfasis en lo moral, ética política, el manejo con transparencia de los recursos públicos, el respeto a la tolerancia, la crítica a los fraudes, la impunidad, la necesidad de reconstituir las instituciones públicas atrae cual imán en caja de clavos, los desesperados anhelos de los colombianos que viven dentro de un espectro dantesco donde… mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda, de cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padece desnutrición crónica, el desplazamiento forzado supera los 4.5 millones de personas y con un PEA (Población Económicamente Activa) cesante que supera el 60%; no obstante el gobierno se esfuerza en presentar como un logro de su estrategia política y social los 20.5 millones de colombianos y colombianas pobres y a 7.9 millones en extrema pobreza o miseria. Según la línea de pobreza oficial, son pobres los miembros de un hogar de cuatro personas que el año pasado acumulaban un ingreso mensual máximo de 1'086.000 pesos; si el ingreso percibido es inferior a 468.000 pesos, se considera en extrema pobreza. 23 de cada mil niños en la costa Caribe mueren de hambre (PUND). 25 infantes de cada 100 en la Guajira, presentan desnutrición crónica. Cifras de Unicef.(3)
La postura de Mockus ante las demandas de los habitantes del país mencionado es esquiva, de ahí que la lectura que manda a los lectores es la de un candidato de racionalidad neoliberal, con discurso irreal y vacuo que dibuja una Colombia con perfil de país nórdico (Finlandia, Noruega Suecia, Dinamarca…) que propone sustentabilidad ante las nuevas obras y cuidado de la naturaleza, mercados emergentes, presión militar para promover la desmovilización de los insurgentes, calidad de vida, promoción de la salud en zonas marginadas, respeto y tolerancia, integración familiar y formación de nuevos ciudadanos con alta cultura política; asimismo, comparte la Seguridad Democrática y mantendrá el apoyo, en caso de ser electo, a las fuerzas castrenses, la presencia militar y bases de operaciones de los norteamericanos, la agenda de las privatizaciones mantendrá la entrega de los recursos públicos y estratégicos de la nación, las inversiones en agua, represas, minas, biodiversidad con la industria farmacéutica al frente, será vital para los inversores extranjeros.
No asume ningún compromiso de retornar los derechos sindicales despojados, todo indica que alentará el empleo indirecto, sin carga a los empresarios, esquilmador de laborales prestaciones y con salarios reprimidos. En educación no hay un planteamiento claro del papel de la universidad en el desarrollo socio-económico y cultural del país y elemento coadyuvante en la solución de miles de problemas que debe enfrentar el estado. Y en política de seguridad no hace propia la voz reclamante de desenterrar los enclaves paramilitares incrustados a lo largo y ancho del país, donde empresarios, comerciantes, grupos musicales, medios de comunicación representantes políticos, empresarios deportivos, universidades privadas y públicas comparten responsabilidad para mantener el miedo, el terror y exterminar a todo colombiano que piense distinto al gobierno.
Los interrogantes que hace Milton Caballero los hago propio y socializo:
* ¿Gastará, como Uribe en 2009, $19,2 billones anuales del Presupuesto Nacional en la “seguridad democrática” que ha prometido continuar?
* ¿Privatizará el 15% de Ecopetrol, la principal empresa del Estado, como propuso Sergio Fajardo?
* ¿Vender las entidades públicas más productivas es una herramienta válida para financiar la educación y otros ámbitos sociales?
* ¿Continúa siendo partidario del cobro escalonado de matrículas, como cuando fue rector de la Universidad Nacional?
* ¿Sigue creyendo que los decretos de Uribe sobre salud “son legítimos” y que la crisis del sector se resuelve con más impuestos?
* ¿Los gravámenes a todos los estratos son la vía para afrontar los problemas del país?
* ¿Dónde están las grandes estrategias de defensa del medio ambiente que se supone son el fuerte de un partido Verde?
* ¿Su respaldo a la reforma laboral de 2003, que atenta contra derechos de los trabajadores, sigue en pie?
* ¿Por qué se fue a la sombra de Opción Centro, el grupo amigo del procesado senador Gil, y no optó por construir partido propio?
* ¿Cree en realidad que “las balas también son un recurso pedagógicas” como dijo hace poco?
* ¿Por qué se atemoriza ante los regaños de Uribe y ruega que lo siga considerando “un firme timonel de la seguridad”?(3)
La imagen del lituano-colombiano es emotiva, colorea la organicidad con verde esperanza y equilibrio de la naturaleza, con perfil parco, alejando del consumo y estricto ahorrador, apegado a la familia, sistémico en su trabajo y matemático por profesión ofrecen un gobernante puntual, transparente, eficiente en las tareas y eficaz para actuar y transparente en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo la Colombia necesita más que una imagen de niño bueno y aplicado, requiere un gobernante audaz, capaz de confrontar a los sectores latifundistas que han acaparado tierras y empobrecidos grandes segmentos de campesinos y pequeños productores; reclama el país un mandatario que ejerza la autonomía frente a las imposiciones norteamericanas que abusan de Colombia cada vez que la necesitan para agredir a país vecino.
La alusión a las relaciones comerciales con Venezuela, el discurso esconde la responsabilidad de los Estados Unidos en el conflicto quien ha involucrado al gobierno de Uribe como gatillo provocador y hostigador para vulnerar la frontera extensa con los bolivarianos y desgastar la administración de Chávez, disfrazando la intromisión con vínculos con las FARC y tráfico de drogas; hoy el país es el vertebrador de la política norteamericana en la región y no es un hecho en cuestión por los diversos actos de participación en eventos de trascendencia en la política latinoamericana.
Y el problema toral de Colombia no es pieza importante en el discurso Mockusiano, la guerra se mantiene, los enclaves actorales requieren de oficio, inteligencia, trabajo en redes y empleo para desestructurarlos y poco a poco ir modificando los estilos de vida y cultura de la muerte que prevalece en ellos. De igual manera los enclaves culturales del conflicto han dejado un registro profundo en la subjetividad que podríamos denominar el síndrome de la violencia, cuya manifestación es el uso de la fuerza para despojar al otro de sus pertenencias, sacar ventaja sin competir y en algunos casos esperan que otro resuelva lo que corresponde resolver el implicado. Necesitamos que la esperanza colombiana sea la flama del sujeto colectivo, de todos los que ansían erradicar la violencia, el despojo y el paramilitarismo debe asumirse como sujeto colectivo y no delegar en Mockus que matemáticamente resuelva lo que corresponde a todos los colombianos enfrentar como reto en el Siglo XXI.
Notas:
1) Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales, 2007), Análisis en profundidad de la realidad de Colombia y su conflicto2) Salazar, Robinson, 2006, Visibilizando al enemigo: EE.UU vs América Latina, en Revista Utopía y praxis latinoamericana, Venezuela.
3) AP. Crítico, 2010, Desnutrición por empobrecimiento asesina anualmente a 20.000 niños menores de 5 años en Colombia. Guerra económica
4) Caballero, Milton, 2010, Mockus más allá de los mitos: más guerra y privatizaciones
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